la recurrida no logró satisfacer dicho estándar de fundamentación del acto administrativo, “por cuanto tal exigencia implica necesariamente que ellos señalen las razones por las que, a su juicio, no se hace necesario un Estudio de Impacto Ambiental, justificando desde el punto de vista ambiental – al estar en conocimiento de todos los antecedentes e informes que son parte del proceso- por qué el proyecto no produce los efectos señalados en el artículo 11 de la Ley N° 19.300”

no se ha acreditado “la fijación de dotación de docentes por planteles educativos, como tampoco la observancia del orden de prelación respecto de cada uno de ellos, en forma independiente, para los fines de determinar el funcionario afectado con la consiguiente supresión de horas, a lo que se suma que el docente en cuestión no se desempeñaba en otro centro educacional”

“resulta errada la interpretación sostenida por la recurrida acerca de la naturaleza de esos 2,5 días de descanso, pues no se puede considerar que un día otorgado como descanso, durante el cual la funcionaria no ha asistido a desempeñar funciones, pueda considerarse como efectivamente trabajado”.

«el elemento en común para caracterizar una resolución es su carácter de decisión, que se manifiesta en ejercicio de una potestad pública, ambos elementos que se observan plenamente tanto en el pronunciamiento del Alcalde como en el del Director del Departamento de Rentas Municipales».

“si en el hecho la víctima ha tenido participación, el problema se resolverá por la teoría de la causa necesaria, es decir, deberá analizarse cuál de los dos comportamientos reprochados –el de la víctima o de la contraparte– necesariamente causó el daño. En cambio si en el hecho dañoso, la víctima no ha tenido participación, el asunto se resolverá conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones, conforme a la cual las distintas circunstancias concurrentes en la producción de un resultado son, además condiciones del mismo”.

“queda de manifiesto que la entidad edilicia demandada actuó dentro del ámbito de su competencia al transferir la administración del Liceo Mercedes Marín del Solar mediante concesión a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, careciendo por tanto de validez el error de derecho denunciado”.

“la doctrina comparada es uniforme en el sentido de entender que: “una diferenciación es discriminatoria si carece de justificación objetiva y razonable, es decir, si no persigue un fin legítimo o si carece de una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido”

“que por consiguiente, los jueces del fondo incurren en error de derecho al confirmar el fallo de primera instancia, puesto que no hay normativa que consagre la pretendida obligación indemnizatoria por infracción a los artículos 19 N° 20 y N° 24 de la Constitución Política y por tal razón la mención de los preceptos constitucionales en la decisión que acoge la demanda es injustificada».

“que según lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, existe falta de servicio cuando éste ha funcionado deficientemente, no ha funcionado debiendo hacerlo o lo ha hecho en forma tardía. La falta de servicio se genera cada vez que la acción u omisión de la Administración causa daño, debiendo existir una relación de causalidad entre esta acción u omisión y el daño producido»

“la decisión impugnada no se aviene con la forma correcta de interpretar la ley en consonancia con el interés social en la investigación y represión de los delitos que dicen relación con el comercio internacional de ciertos especímenes animales».