“los descuentos de sus emolumentos son excepcionales, de manera que todo aquel que no sea obligatorio, tales como impuestos, cotizaciones y aquellos establecidos expresamente por ley, son voluntarios, circunstancia que exige precisamente que deben contar con una autorización expresa del funcionario respectivo y quedan sujetos al límite del 15% de la remuneración”

“la prescripción constituye un principio general del derecho destinado a garantizar la seguridad jurídica, y como tal adquiere presencia en todo el espectro de los distintos ordenamientos jurídicos, salvo que por ley o en atención a la naturaleza de la materia se determine lo contrario, esto es, la imprescriptibilidad de las acciones” y que “no existe norma alguna en que se establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado”

“el acto de la municipalidad recurrida no es ni ilegal ni arbitrario. No es ilegal, porque el artículo 51 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades indica que estas entidades serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República y, a su vez, el artículo 67 de la Ley de Organización y Atribuciones de este último ente, dispone que el Contralor podrá ordenar los descuentos que indica respecto de remuneraciones de los funcionarios de los organismos que controla”.

«Razonar de un modo contrario implica avocarse al conocimiento de asuntos pendientes ante otro tribunal, cuestión expresamente prohibida en el artículo 8 del Código Orgánico de Tribunales, razón por la cual la presente acción de protección no está en condiciones de prosperar.”.

“de la propia exposición de los hechos en el recurso, es posible observar la secuencia del procedimiento seguido por el Fiscal designado, coherente con aquel establecido en la normativa antes referida, lo que revela que la decisión adoptada no obedece a un actuar arbitrario, esto es, a un acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho, por lo que la acción intentada no puede prosperar.”.

Se dedujo acción de protección en contra de un colegio de la ciudad de Puerto Montt, a fin de que se declare ilegal y arbitraria la separación del menor del establecimiento educacional, por vulnerar sus derechos a la igualdad ante la ley, de propiedad y de educación y solicita que se ordene la reincorporación inmediata […]

“existe una relación jurídica entre el particular y el Estado, relación que el tercero, como lo es la demandada, no puede desconocer, puesto que entonces no se justificaría que hubiera procedido al traslado de sus instalaciones, sólo porque lo disponía un ente privado, sino que evidentemente lo hizo porque reconocía en esta obligación la fuente legal de la cual emanaba y el carácter público del órgano que se relacionaba con la Sociedad Concesionaria”.

“no existe norma internacional incorporada a nuestro ordenamiento jurídico que establezca la imprescriptibilidad genérica de las acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad extracontractual del Estado o de sus órganos institucionales”

“los demandados no han controvertido el mal estado de los negocios de la deudora” y “se discrepa en cuanto a que este acto de constituir una nueva sociedad a la cual la deudora aporta en dominio tres inmuebles provoque perjuicio al Fisco y que se configure el fraude pauliano”.

“es la propia recurrida quien señala que esta conexión ilegal se detectó en el año 2009 y que en el año 2010 se efectuó un cobro retroactivo al mencionado condominio por aguas ya vertidas”, por lo que “no queda más que concluir que la empresa ha reconocido que la sustancia no es dañina en sí misma”.