“Que acorde con lo que se ha expuesto no existe un derecho constitucional del actor que haya sido afectado en su legítimo ejercicio, requisito esencial para la procedencia de esta acción cautelar, razón por la que el recurso no puede prosperar”.

«se verifican los supuestos contemplados en el precepto legal citado a la época de la dictación del acto municipal impugnado, lo cual resulta coincidente con lo sostenido por la Contraloría General de la República».

“ha quedado establecido en la causa que no se acreditó la existencia de daño ambiental significativo que exige el artículo 2° letra e) de la Ley N° 19.300, así como que la actuación de los demandados en el traslado de la vía férrea no es contraria a derecho (considerando decimonoveno de la sentencia de primer grado confirmada por la de segunda instancia).”

«el máximo tribunal revocó la sentencia apelada y acogió la reclamación, al hacer lugar a la excepción de prescripción de la liquidación de impuestos planteada por la reclamante, toda vez que consta en la causa que la liquidación fue practicada el 31 de julio del año 1998, es decir, transcurrido el plazo de prescripción fijado por la ley».

“aun cuando eventualmente exista alguna irregularidad formal en el actuar de la recurrida, ésta no puede ser censurada a través de la presente vía constitucional porque ello implicaría dar protección a una situación irregular lograda por la recurrente, quien como se ha visto carece de un derecho legítimamente adquirido.”.

“en presencia de un principio de carácter general, que señala para los jueces una norma de conducta interna, acerca del modo como deben formar su convicción para establecer la existencia del hecho punible y la participación del acusado en él, y no denunciándose que los sentenciadores hayan empleado medios probatorios distintos a los legalmente establecidos para fundar su decisión de condena, carece de asidero la impugnación acerca de esta norma”.

“se entiende por sospechoso todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulta inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, que se realiza en forma aislada o reiterada, y, en ese contexto, como la reclamante debe contar con un sistema preventivo de alerta, en la especie tenía contratado un empleado responsable de relacionarse con la UAF, resulta que no se trata de otra obligación legal que pese sobre la reclamante, sino que la de reportar e informar en los términos exigidos en forma imperativa por el artículo 3, inciso 1, de la citada ley; obligación a la que la reclamante no dio cumplimiento”.

“la solicitud de espacios costeros solicitados haya sido rechazada por no haber dado la comunidad indígena respuesta satisfactoria acerca de la necesidad de la gran extensión de terreno pedida”, constando que “que el rechazo parcial se realizaba para dar un tiempo mayor a la comunidad de revisar los antecedentes relacionados con no comprender el espacio costero terreno de playa y fundado además en la solicitud de suspensión de la votación realizada por la comunidad”

«no suprimió el factor de peligro al usar una sustancia distinta de la ocupada habitualmente para realizar la tarea de trasvasije y dosificación de dimetil disulfuro para la activación de los reactores de la planta en la refinería Bío Bío, lo que importa la vulneración del artículo 166 del Código Sanitario antes citado”.

“deviene en ilegal y arbitraria la decisión de ignorar la mentada privación de libertad para el efecto de abonar al cumplimiento efectivo de la condena de estos antecedentes”.