“la autoridad administrativa denunciada se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata del recurrente, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera tal que al acudir la recurrida precisamente a esta causal sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita”

“por haber el recurrente circunscrito el agravio únicamente al rechazo de la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios, cabe acudir a la máxima jurídica que reconoce que “nadie está obligado a lo imposible”, de lo cual surge la injusticia de aplicarle al actor la prescripción contando el plazo legal pertinente desde la data que pretende el Servicio de Salud demandado, esto es, desde el año 1991, atendida la inexistencia en ese entonces de síntoma alguno que lo impulsara a intentar una acción indemnizatoria respecto de un daño, si no inexistente, al menos absolutamente ignorado por el afectado”.

“si bien el actor fue nombrado en el cargo, debe tenerse presente que el mismo admite que no ha ejercido sus funciones, de forma que no puede reprocharse de arbitrario o ilegal el proceder municipal de no pagar sus remuneraciones desde que la Contraloría General de la República así lo ha dictaminado”.

el constituyente “no fijó un monto o rango para establecer cuando un tributo es manifiestamente desproporcionado o injusto”, por lo que la “concreción de este concepto jurídico indeterminado corresponde efectuarla al órgano de aplicación del derecho municipal de acuerdo a diversos criterios y factores de hecho”.

“los hechos en que se funda no constituyen la causal invocada”, toda vez que la sentencia impugnada contiene los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan lo decidido, siendo que lo ocurre en el caso sublite, que no autoriza invalidar el fallo del tribunal de alzada, es que dichos fundamentos “no se ajustan a la tesis sustentada por la parte demandada”.

“en el pago de los derechos municipales se encuentra implícita la idea de una contraprestación por las concesiones o permisos que obtienen, o por servicios que reciben las personas de parte de los Municipios, situación que no se da en aquellos casos en los cuales la instalación de un soporte emplazado en un bien nacional de uso público no contiene publicidad”.

“teniendo el Estado la obligación de prestar un servicio, la misma se extiende a que sea prestado de manera diligente y oportuna”, lo que en la especie se verifica al quedar establecido que “en la realización de la pericia existió incumplimiento de la técnica y metodología que la rige”

“los antecedentes tenidos a la vista, constata que durante el transcurso de la investigación nunca se puso en duda que el suceso ocurrió el 25 de marzo de 2.012. En verdad, no se divisa de qué manera pudiera haberse producido una confusión, por la mera circunstancia de un error de referencia como el que da pábulo a la cautela. Los protagonistas del accidente y el contexto en que se lo sitúa, exhiben coherencia y concordancia en cuanto a todos sus referentes, incluso la fecha”.

“constituye un poder – deber de la institución en comento el iniciar investigaciones cuando los interesados así lo soliciten”, por lo que la recurrida “deberá iniciar la investigación destinada a conocer de la misma, ello pues el ejercicio de la facultad no le resulta potestativa”.

“lo imputado a la Administración es haber incurrido en una ilegalidad o arbitrariedad al no renovar las contratas que unía a los recurrentes con el Administración Regional, la que se materializó el 31 de marzo pasado”.