“el recurrente se limita a individualizar y transcribir algunas normas referentes a la valoración de la prueba, sin embargo no señala la forma en que se produciría alguna de las situaciones”

«establecido someramente el marco fáctico y normativo que fundó la medida, es conveniente destacar que las atribuciones que detentan los órganos de la Administración del Estado son conferidas por ley en función directa de la finalidad u objeto del servicio público de que se trate».

“del texto del recurso aparece que lo reclamado es una medida que afectaría la libertad ambulatoria”, hipótesis que también se encuentra cubierta por el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

“cuando en su concepto se ha terminado un proceso criminal, por fallo firme o por sobreseimiento, sin el verdadero propósito de cumplir con el amparo judicial a que tiene derecho quien lo haya requerido, sino sólo como medio de asegurar una impunidad, o cuando una decisión de condena vulnera, también, garantías fundamentales reconocidas en la Convención Americana, tales decisiones, aunque estén firmes conforme a normas de derecho interno, no producen realmente cosa juzgada”.

“el recurso en estudio se erige en contra de los hechos de la causa, de tal suerte que para poder arribar a una conclusión favorable a los intereses del recurrente se necesita prescindir de tales supuestos fácticos e instalar los que el recurso sustenta, a saber, en lo medular, que no hubo transmisión de información privilegiada de parte del Sr. Eben Oyanedel a los recurrentes, para lo cual se requiere la denuncia de leyes reguladoras de la prueba que permitan modificar los hechos asentados en la sentencia, lo que no ha ocurrido”.

“siendo uno de los objetos de la litis establecer la calidad del camino, no se desvirtuó la presunción de camino público del citado artículo 26 a la que acudieron los sentenciadores. En efecto, no ha sido disputado que el camino está abierto al uso público, que su uso es promovido por el Municipio como vía de acceso a un sitio de interés turístico ampliamente difundido por el mismo órgano comunal, el cual además mantiene estacionamientos en el lugar para facilitar el arribo de los visitantes. Con todo ello, como se advierte, la presunción legal a que se refiere la denominada ley de caminos en su artículo 26 ya aludido, lejos de desvirtuarse, se fortalece.”

“era improcedente y contrario a derecho que los jueces de segundo grado rechazaran la excepciones por el sólo hecho de no haber alegado el ejecutado en la gestión preparatoria, en el mismo acto o dentro de tercero día de notificado, la falsificación material de la factura ni porque tampoco haya reclamado de la falta de entrega de la mercadería en la forma establecida en la Ley N° 19.983”, toda vez que el procedimiento para el cobro ejecutivo de la factura contempla dos fases, la gestión preparatoria y el procedimiento ejecutivo, en donde es oportuno oponer excepciones.

a partir de la prueba rendida en autos, “se estableció que la infraestructura levantada en la estación de trenes se hallaba prácticamente desprovista de medidas de seguridad frente a la población que vivía a su alrededor, especificando los magistrados las medidas que no habían sido cumplidas, configurándose con ello la responsabilidad de la empresa propietaria de las instalaciones”, todo lo cual permite concluir que no se ha alterado la carga de la prueba en el caso sublite.

“que en armonía con lo expresado la falta de servicio se configura, puesto que la Municipalidad incumplió sus obligaciones legales al no mantener una importante vía pública en condiciones de brindar un tránsito seguro para los vehículos que circulan por ella, generando un riesgo previsible y evitable con una mediana diligencia y cuidado”.

“que consignada la inexistencia de una transgresión a las leyes que rigen la prueba, se revela que la alegación esencial del recurso, esto es, la falta de aplicación del estatuto de la responsabilidad extracontractual basada en la falta de servicio de la Comisión Chilena de Energía Nuclear en su carácter de órgano de la Administración del Estado, al negarse a incorporar al actor a su planta, pugna con los hechos asentados por los jueces».