“cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos los jueces, también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los Jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias.”.

«se incurre en un error de derecho al acoger la excepción de nulidad de la obligación, por cuanto al realizar la sociedad ejecutada actividades gravadas con patente municipal debió haberse rechazado dicha excepción».

“si se estimare que se hizo aplicación del inciso 5ª del artículo 127, precedentemente señalado, como pretende el recurrido en su Informe de fojas 100, cabe señalar que, asimismo, esta norma, en el caso en análisis no autorizaba la Baja inmediata que se dispuso, pues para que ello tuviera lugar era necesario: 1) que el funcionario inculpado confesara su responsabilidad, lo que en el presente caso no ha ocurrido, sino que por el contrario la ha negado, o bien; 2) que la responsabilidad del funcionario se hiciera evidente, lo que tampoco ha tenido lugar, considerando al efecto que la propia institución Policial en su Informe manifiesta que junto con la adopción de la medida disciplinaria se ordenó la instrucción de un Sumario Administrativo, mediante Orden Nº 03972, de fecha 12 de octubre de 2012”

«resulta irrelevante que sea de responsabilidad del Serviu la reparación de las aceras y de la red primaria y secundaria de los sistemas de evacuación y drenajes de aguas lluvias, desde que de acuerdo al artículo 174 antes citado el municipio es responsable de los daños que se causaren con ocasión de un accidente que sea consecuencia de la falta o inadecuada señalización del mal estado de las vías, cuyo es el caso de autos”.

“la obligación que se cobra es una obligación legal, vale decir, que tiene su fuente directa en la ley, y cuyo sujeto pasivo o deudor es el propietario de las instalaciones, quien queda sujeto a la prestación de ejecutar las obras de traslado; mientras que el acreedor es el Ministerio de Obras Públicas como órgano de la Administración del Estado que, a través de la Dirección de Vialidad, tiene competencia sobre los caminos públicos. En el caso de autos, pese al hecho que Chilesat S.A. era la única obligada legalmente a soportar el costo de los trabajos, éste lo asumió el Fisco, de manera que tiene derecho a que se le restituyan los dineros desembolsados en detrimento del patrimonio fiscal”.

“se ha verificado por la autoridad técnica discordancias entre las obras ejecutadas y aquellas previamente autorizadas, lo que constituye una infracción a la normativa urbanística pertinente, justificándose la dictación del acto que por esta vía se pretende impugnar. Por estas consideraciones, esta alegación deberá también ser desechada.”.

“habida cuenta que se trata de un sumario administrativo en el que se ha fallado conforme a derecho y que la resolución dictada no afectan ninguno de los derechos invocados por la recurrente y teniendo presente que el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, al establecer el Recurso de Protección, distingue -aunque equiparando sus efectos- la arbitrariedad de la ilegalidad, debe estimarse que no hay tampoco arbitrariedad»

«es dable concluir que las remuneraciones del funcionario se encuentran en suspenso, y que será la resolución que ponga fin al sumario administrativo la que determinará si el carabinero es reincorporado a las filas, caso en el cual se devengarán, en su beneficio, las remuneraciones por el periodo en el cual estuvo alejado de sus funciones o, por el contrario, quedará ratificada la sanción impuesta, en cuyo caso los efectos de la primera resolución que decreta la baja con efectos inmediatos serán definitivos.”

«la declaración de incapacidad se efectuó el año 2007 al tiempo que las diversas peticiones, recursos y solicitudes de reconsideración administrativos con que el recurrente pretendió modificar lo resuelto se sucedieron el año 2011 y 2012».

la resolución de la recurrida fue dictada «por la autoridad competente y dentro de las facultades que le confiere la ley».