«la parte recurrida vulnera el Decreto Supremo N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, ya que debió realizar ciertas conductas descritas en dicho decreto que regula el procedimiento relativo a la aprobación o rechazo de las licencias médicas, lo que no hizo».

“que conforme a lo expuesto la actuación del recurrido constituye un acto ilegal, puesto que infringe lo señalado en el artículo 10 letra e) de la Ley N° 18.883, lo que se traduce en una discriminación arbitraria que afecta el derecho fundamental de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, porque desconoce que a la recurrente debe dársele el mismo trato que al resto de las personas, a quienes se les exige para ingresar a los respectivos cargos contar exclusivamente con los requisitos establecidos en el mencionado artículo 10 del Estatuto de Funcionarios Municipales»

“que por todo lo que se ha venido razonando la sociedad reclamante es sujeto pasivo de la obligación tributaria del pago de patente municipal, sin que el recurso aporte argumentos que permitan modificar tal convicción, por lo que cabe concluir que éste adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que conduce a su rechazo”.

“la resolución judicial reclamada por esta vía afecta indebidamente la libertad personal del amparado, en cuanto se lo priva de acceder a un cumplimiento en libertad exclusivamente por un motivo que, de acuerdo a la normativa actualmente vigente, no puede ser considerado, lo que autoriza a esta Corte para adoptar las medidas necesarias a fin de restablecer el imperio del derecho”

“queda en evidencia la arbitrariedad de la medida de exclusión adoptada por el Comité respecto de los cinco recurrentes, puesto que ésta aparece no sólo como desmedida en relación a los hechos que la motivan, sino que además emana de un procedimiento viciado, que no respetó la propia normativa interna que se impuso este cuerpo intermedio en sus Estatutos, en el cual no se otorgaron las garantías mínimas de defensa.”

“concurre la excepción contemplada en el artículo 467 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidas por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva con relación al demandado”.

«en la sociedad demandada recaía el deber de seguridad en la explotación y conservación de las rutas concesionadas traducido en la especie en la implementación de una señalización adecuada consideradas las particulares características del tramo en que ocurrió el accidente y su entorno, conclusión a la que en definitiva llega el fallo impugnado, obligación que como se ha visto nace del artículo 23 del D.F.L. 160”.

“es posible considerar entonces que la cláusula referida ha sido usada para permitir en esta clase de nombramientos la existencia de un período de vigencia que sea inferior al que le restare al empleo para finalizar el año en que los servicios recaigan”, concluyendo “que, por consiguiente, la inexistencia del comportamiento antijurídico invocado para dar fundamento al recurso conduce necesariamente a su desestimación”.

“no se vislumbra en la resolución recurrida –que decreta la prisión preventiva de los amparados- la ilegalidad y arbitrariedad que se le atribuye por el recurrente, única circunstancia cuya concurrencia haría procedente el recurso de amparo, habida consideración que aquella, es susceptible de los recursos ordinarios expresamente previstos por la ley, los que no fueron deducidos en su oportunidad, no siendo posible revisar por la vía de esta acción cautelar los fundamentos fácticos y jurídicos de la misma”.

“fallo incurre en ultra petita cuando, apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones o excepciones, altera el contenido de éstas cambiando su objeto o modificando su causa de pedir. La regla anterior debe necesariamente relacionarse con lo prescrito en el artículo 160 del Código antes citado, de acuerdo al cual las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido sometidos expresamente a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio”.