“la prueba destinada a acreditar que el ejecutado carecía de otros bienes suficientes –fuera de la especie prendada- para satisfacer íntegramente las acreencias de primera clase, gravitaba sobre la parte que invocó esa clase de derechos”, quien no suministró antecedentes suficientes e idóneos sobre el punto en cuestión.

«el acto administrativo esta dentro de lo amparado por la ley, por tanto, no resulta ilegal ni arbitrario, toda vez que los recurrentes presentaron la solicitud del denominado bono post laboral sin cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley, por lo que no procedía a su respecto».

«la afectada por la Resolución no puede defenderse de las consecuencias que le traen las imputaciones que le hace la autoridad de ser su salud incompatible con el desempeño de su cargo, basada en el lapso que obtuvo licencias médicas ante la enfermedad común que padeció”.

los actos administrativos impugnados no son ilegales ni arbitrarios “por cuanto fueron dictados por la autoridad competente, la cual actuó dentro de sus funciones y se encuentran debidamente fundamentados, tanto en los hechos como el derecho”.

“que así las cosas, al haberse efectuado una errónea calificación jurídica de los hechos de la causa, por cuanto se estimó como falta de servicio una situación que no lo era, los magistrados de la instancia aplicaron erróneamente a la litis lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que establece la falta de servicio, y ello amerita que la sentencia impugnada deba ser anulada, por cuanto el error en que se ha incurrido determinó el acogimiento de una demanda que debió ser rechazada, de tal manera que dicho yerro ha tenido influencia sustancial en lo resuelto. Atendido lo recién expresado resulta innecesario analizar las demás infracciones legales atribuidas por el recurso”.

“la sentencia impugnada por la vía de casación en el fondo no ha incurrido en error de derecho al determinar que las acciones entabladas son improcedentes. En atención a lo concluido, resulta inoficioso analizar la denuncia de infracción de disposiciones legales atinentes a la prescripción de la acción de nulidad relativa”.

“la recurrida ofreció como alternativa para solucionar el problema que afectó al amparado, su traslado al Centro de Detención Preventiva Santiago Sur habiendo dispuesto además, las otras medidas pertinentes para la investigación de ese hecho y la recuperación de su salud, por lo que no existe privación o perturbación ilegal o arbitraria de su seguridad y libertad personal y dado que tampoco existen otras medidas que pueda adoptar este Corte”.

«el D.F.L. N° 22 que fija el texto de la Ley Orgánica del Servicio de Gobierno Interior expresa en el artículo 26 letra f) que el Gobernador tendrá la atribución de exigir administrativamente la restitución de cualquier bien de propiedad fiscal o perteneciente a entidades del Estado o nacional de uso público, que esté indebidamente ocupado. Agrega el precepto: “Si el ocupante exhibe un título aparente de ocupación o mera tenencia, enviará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para su pronunciamiento.”.

“la naturaleza de las contravenciones administrativas, en las que confluyen componentes técnicos, dinámicos y sujetos a variabilidad en el tiempo, hace imposible su síntesis descriptiva en un precepto general como lo es una ley, de modo que el principio de tipicidad al traspasarse al ámbito sancionatorio de la Administración admite ciertos grados de atenuación”.

“que en razón de lo expresado, habiéndose establecido la falta de servicio en que incurrió la Municipalidad demandada, los daños sufridos por los demandantes y la relación de causalidad entre éstos y aquella, los jueces de la instancia al acoger la demanda intentada se han limitado a dar correcta aplicación a los artículos 142 (actual artículo 152) de la Ley N° 18.695 y 169 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, por lo que no han incurrido en los errores de derecho que se les imputa”.