“no es posible agravar dicho castigo añadiendo requisitos y exigencias que no están contemplados en el programa de la asignatura y que le son exigibles sólo a la recurrente, como quiera que la Universidad recurrida no ha demostrado que tales condiciones son también válidas para otros alumnos”.

“se ajusta a derecho y no es arbitraria, pues constituye una sanción que guarda proporción con la falta en que incurrió”.

«la actuación de los recurridos no ha resultado ilegal, desde que se ajusta a la normativa que rige a los funcionarios municipales. A su turno, tampoco se la puede tildar de arbitraria, desde que la terminación de los servicios a contrata está dada por el solo ministerio de la ley»

“las infracciones graves al principio de la probidad administrativa solo procede sancionarla con la medida expulsiva sin que las circunstancias atenuantes puedan incidir para rebajar el castigo. Así también lo dispone el artículo 125 del Estatuto Administrativo”.

“los sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan las pruebas que la ley admite, aceptan las que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de las que se produjeron en el proceso cuando la ley les asigna uno determinado de carácter obligatorio o alteran el orden de precedencia que la ley les diere”.

“la construcción del hotel se ha llevado a efecto cumpliendo con la normativa que nuestro ordenamiento jurídico requiere para dicho efecto”.

“la conducta omisiva de la DGA constituye un acto arbitrario que ha impedido a las recurrentes ejercer la actividad económica propia de su giro, vulnerándose así por parte del organismo estatal la garantía del inciso primero del N° 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República”, para lo cual no es óbice la existentes de otras solicitudes previas pendientes, ya que “la DGA debe arbitrar los medios y mecanismos necesarios para agilizar los trámites referidos”.

el servicio de distribución eléctrica es una concesión del Estado a las empresas concesionarias, las cuales tienen la facultad legal de disponer el corte del servicio eléctrico, facultad que sólo es procedente “respecto del deudor directo, como lo son las dependencias municipales del abonado, con las excepciones que establece la propia ley, pero este corte jamás puede alcanzar a los administrados que no son clientes ni deudores directo de la concesionaria”.

«a su juicio, la norma carece de razonabilidad y estatuye derechamente la tan cuestionada prisión por deudas, obligando al Edil a hacerse responsable personalmente de una carga que le es ajena a su voluntad, esto es, la carencia de disponibilidad presupuestaria comunal, pudiéndose disponer de su propia libertad personal».

el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil no es una norma reguladora de la prueba, “por cuanto ella consagra reglas que no disponen parámetros fijos de apreciación que obliguen en uno u otro sentido a los jueces de la instancia, siendo éstos soberanos en la valoración de la prueba testimonial”.