“no se ha hecho referencia alguna a la circunstancia de que -con anterioridad- se hubiese requerido la comparecencia del amparado y que éste no asistiera a dicha citación, lo que haría suponer una actitud refractaria frente a las órdenes impartidas por el Tribunal o, en su caso, que el mismo órgano jurisdiccional intentara obtener directamente del organismo encargado la información que ahora con tanto ahínco persigue”

“que, por lo demás, la necesidad de que todo castigo sea adecuado y racional es precisamente el fundamento de los reclamos que concede la legislación, desde que no sólo se puede incurrir en un acto injusto con la imposición de una sanción, sino también en la determinación de su envergadura, de manera que corresponde a los tribunales cautelar la equidad con que se aplican especialmente las normas que tienen carácter represivo o castigador”.

«se da cuenta de los procedimientos, jerarquía, métodos y condiciones en las cuales se llevaban a cabo las operaciones de la DINA, además de constatarse en detalle los lugares, personas involucradas y testigos de los hechos, que son calificados como delito de secuestro calificado, de conformidad al artículo 141 del Código Penal».

“ha existido una conducta ilícita de la demandada sociedad concesionaria, al dejar de cumplir con las obligaciones impuestas en las Bases de la Licitación, circunstancia que ha originado daños a terceros, de manera que la demanda ha sido correctamente acogida”.

“que el daño antes establecido es consecuencia inmediata y directa de la falta personal en que incurrió el ex Cabo 2° Meza Meza en el ejercicio de sus funciones al golpear al actor en su cabeza provocándole el desprendimiento de la retina del ojo izquierdo y la consecuente pérdida de visión del mismo, por lo que la sentencia de primera instancia será confirmada en esta parte”.

“debe dejarse establecido una vez más que la Contraloría debe inclinarse frente a la jurisprudencia de los tribunales, lo que es fundamental para el orden institucional y particularmente válido cuando ésta es uniforme y permanente en el tiempo”.

“resulta evidente que el documento de cuyo protesto y notificación se trata fue extendido sin cumplir una de las exigencias contenidas en el artículo 13 del D.F.L. N° 707, cual es la de que conste en él “La cantidad girada, en letras y números” pues, como resulta evidente, una y otra son diferentes, anomalía que lo torna ininteligible”.

“uno de los principios que informan la nulidad de derecho público es el de conservación, cuyo fundamento radica en que revistiendo la nulidad el carácter de remedio excepcional frente a la ilegalidad de un acto administrativo, ella sólo será procedente si el vicio es grave y esencial”, para constatar que “la irregularidad que afecta al acto administrativo alegada en este proceso es aquella referida a la ausencia de investidura regular”.

«queda de manifiesto, entonces, que la sentencia cuestionada se construye a partir de motivaciones antagónicas que no pueden coexistir, lo que conduce a la anulación de esos razonamientos, quedando desprovisto el fallo de la fundamentación exigida en el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual se configura el vicio de casación formal previsto en el numeral 5° del artículo 768 del mismo cuerpo legal”.

«concluye que el vicio alegado no se ha configurado puesto que la sentencia de segundo grado confirmó el fallo de primera instancia, el cual contiene las consideraciones de hecho y de derecho necesarias para arribar a la conclusión definitiva, siendo cuestión muy diferente que el contenido de sus fundamentaciones no sean del agrado del demandado y que no las comparta, pero dicha circunstancia no las transforma en inexistentes».