«consideró que el acuerdo en cuestión establece pautas de conductas, arguyendo que “no tiene valor de una ley, y no impide a la autoridad administrativa ejercer sus facultades, la que en el caso de autos se ha ajustado a la legislación vigente”.

“dicha discrecionalidad no puede ser sinónimo de arbitrariedad, toda vez que esta facultad debe ser ejercida dentro parámetros que establece la Ley 19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, conforme a la cual los actos de la autoridad deben contener los fundamentos de las decisiones que se adopten en ellos”.

«en efecto, el aumento de las vibraciones que alegan los recurrentes no son más que supuestos que, en caso de producirse, los afectados podrán ejercer las acciones que al efecto entrega el ordenamiento jurídico, de manera que un juez, conociendo de manera lata los hechos que en su oportunidad se aleguen, resolverá si efectivamente afectan (o no) los derechos de quienes reclamen».

se trata de una PYME “debiendo ser el monto de la multa proporcional a su capacidad económica”.

“es posible constatar que los actores han solicitado que se declare la nulidad de derecho público del acto denunciado y que, en consecuencia, se anulen las inscripciones de los predios materia del pleito realizadas con posterioridad a la regularización, y la cancelación de las correspondientes inscripciones, y se le restituyan a su parte”.

“exige una razonabilidad en sus motivos, esto es, que la revisión responda a cambios efectivos y verificables de los precios de las prestaciones cubiertas por el plan”.

“cuáles son los vicios que llevarían a acceder a la nulidad sustantiva que se solicita, ni la forma en la que se habría producido la infracción, ni menos aún su influencia en lo dispositivo del fallo”.

«coherente con lo razonado, y teniendo presente que las actuaciones realizadas por las recurridas Administradora de Fondos de Cesantía AFC Chile y Dicom/Equifax Chile S.A., lo fueron en cumplimiento de obligaciones legales y convencionales que pesan sobre éstas, las que hacen expresamente aplicables las disposiciones legales de la Ley 19.628 sobre Protección a la Vida Privada»

“no es jurídicamente posible sostener que el demandante pueda solicitar el cumplimiento forzado de su propia obligación contractual –ejecutar la obra licitada- por cuanto el contrato administrativo de autos había terminado antes de su ejecución conforme a sus cláusulas y estipulaciones”.

“si se acoge el recurso de casación en la forma, se tendrá como no interpuesto el de fondo”.