“el recurso de amparo económico no es idóneo para salvaguardar la garantía fundamental reconocida en el artículo 19 N° 21 inciso 1° de la Carta Fundamental”

“el hecho de haberse realizado la relación en forma privada no consta en el expediente ni se pidió por la recurrente la apertura de un término probatorio para acreditarlo, de manera que la causal invocada carece de todo sustento”.

las expresiones proferidas por el diputado “aparecen enmarcadas únicamente en un contexto de crítica política sobre el funcionamiento de un servicio público”

“que la investigación que la resolución atacada cita como antecedente fundante, se originó en el auto denuncia que el amparado formuló respecto de su situación migratoria” y que el amparado “no registra antecedentes policiales, encargos judiciales pendientes ni anotaciones negativas tanto en el Departamento de Asesoría Técnica como ante la Oficina Central Nacional Interpol, de manera que quedó sujeto a control de firma periódica mensual en la unidad policial de su comparecencia”.

“los antecedentes acompañados resultan insuficientes para establecer hechos indubitados que permitan atribuir al recurrido la ejecución de actos arbitrarios o ilegales susceptibles de ser remediados por esta vía, más aún, si todos los afectados reconocen la existencia de un juicio de lato conocimiento, en el que son partes, en el cual deberá dilucidarse la propiedad de la franja de terreno en disputa”.

“en la especie no existe un derecho adquirido o indubitado por parte de los recurrentes, pues el solo transcurso del tiempo no permite consolidar una situación que por esencia es solo precaria”.

la resolución impugnada “carece de todo sustrato jurídico que le sirva de sustento, vulnerándose con ello lo dispuesto en el artículo 36 del Código Procesal Penal que mandata el deber de fundamentación de toda providencia emanada de la magistratura”.

“no existe norma legal alguna que obligue a prorrogar las contratas más allá del plazo legal en que éstas expiran”.

“constituye vías de hecho, por un actuar antojadizo, caprichoso no racional, con evidente amenaza y amago a las garantías consagradas en el Nº 3, inciso quinto y Nº 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al hacerlo al margen del ordenamiento institucional y de las normas que regulan la propiedad de cosas corporales e incorporales”.

“expresaron los razonamientos que justificaban el aumento de la indemnización fijada en primera instancia, señalando los antecedentes que ameritaban adoptar tal determinación y, por consiguiente, no es posible esgrimir que esta decisión carece de motivaciones”.