“constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal –esto es, contrario a la ley- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él-, y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas. Sólo en caso de darse alguna de las dos primeras exigencias, que no son copulativas, según surge de la redacción del citado artículo 20 de la Carta Política, cabría entrar al análisis de las garantías constitucionales que pudieren estar amagadas o afectadas”.

“los indicios con que cuenta esta Corte le permiten entender que dicha explicación responde a que se pondrían a disposición del banco en una determinada cuenta ciertos fondos”.

“la condena en costas en este procedimiento cautelar no queda determinada por circunstancias preestablecidas, esto es, que prosperen o no las pretensiones intentadas, sino que confiere la facultad de imponerlas a los magistrados que han de resolver, conforme a las características del caso.”

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en la forma, “debido a que no fue preparado en los términos que exige el artículo 769 citado en el párrafo precedente, porque con la sola excepción de la causal que se refiere a la falta de ponderación de la prueba aportada en segunda instancia, todos los otros supuestos vicios aparecen cometidos en la sentencia de primer grado que fue confirmada por la de segunda instancia en contra de la cual ahora se recurre, sin que oportunamente se haya deducido el correspondiente recurso de casación formal en contra de la primera, limitándose a recurrir de apelación sin impugnarla de nulidad por los vicios formales que se expresa le afectan”.

“la motivación que en los hechos justificara la interposición del presente recurso, ya no existe, de modo que la acción constitucional que a este efecto fuera ejercitada ha perdido oportunidad, por lo que la Corte no se encuentra en aptitud de adoptar eventuales medidas de protección como las solicitadas por el recurrente.”

“la potestad del otorgamiento de patentes de alcoholes radica en el alcalde, quien por expresa disposición del artículo 65 letra ñ) de la Ley 18.695, requiere para ejercer dicha atribución, el acuerdo del Concejo Municipal”.

“los recurrentes, dada su condición de vecinos y de ser el órgano administrados de la comuna afectada, Municipalidad, se encuentran legitimados para solicitar el respeto de sus derechos fundamentales por intermedio del presente recurso”. En cuanto a la falta de legitimación pasiva, también argüida por los recurridos, resuelve que “la Comisión, fue la que dictó la Resolución objeto del recurso por lo que no puede sustraerse a la responsabilidad que le cabe como sujeto interviniente en la decisión de aceptar modificar las vías de acceso al relleno sanitario en cuestión”.

“el actuar de la recurrida resulta arbitrario, por cuanto se adoptó la medida de desafiliación sin escuchar al socio sancionado y sin que existiera mérito para ello, en atención a que el pago de las cuotas en que se fundamenta la medida cuestionada se encontraba, al menos, documentado, sin que se haya adoptado igual sanción para otro de los socios que se encontraba en condiciones similares, vulnerando con ello las garantías constitucionales que los numerales 2° y 3° inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República”.

«la no obtención o renovación de la cédula de identidad o pasaporte durante un período prolongado de tiempo, veintiún años si la persona tuviere menos de ochenta años de edad y quince si tuviere ochenta o más años, se fundamenta en que sus titulares probablemente han fallecido aunque no haya constancia de su muerte, por lo que su exclusión del Padrón Electoral resultaría justificada si ello efectivamente ha ocurrido.»

“con la negativa a subsidiar una enfermedad se priva a la afectada de modo directo de un ingreso monetario”.