Los actores consideran que el acto recurrido resulta arbitrario e ilegal, por cuanto es discriminatorio al remover e intervenir tierra sagrada, además de que no se ha expedido ninguna resolución o autorización administrativa que se haya consultado, de manera previa, a las comunidades atacameñas en los términos exigidos por el artículo 6 del Convenio 169 OIT y por el artículo 34 de la Ley Nº 19.253, vulnerándose también el sistema de evaluación a que se refiere la Ley 19.300.

Informando el recurso, los jueces recurridos solicitaron su rechazo por no haber falta o abuso que autorice esta vía y expresan que hicieron suyos los razonamientos del Consejo para la Transparencia, en cuanto el interesado dio a su reclamación el carácter de una apelación que no tiene, al hacerse cargo de la falta de legitimación activa del reclamante, quien asume una representación respecto de terceros que no tiene, al haber omitido el procedimiento establecido, concluyendo que no hubo ilegalidad.

Se dedujo acción de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama, por parte de un Diputado de la República y de la Comunidad Colla de Pai Ote –Cerro Celeste, a fin de que se declare ilegal y arbitraria la resolución N° 4 de fecha 3 de enero de 2013 que calificó ambientalmente […]

“los jueces recurridos han procedido en uso del derecho privativo que les confiere la ley en la interpretación de las normas jurídicas en relación a las situaciones de hecho que deben conocer, caso en el cual no se desprende que los sentenciadores hayan incurrido en las faltas o abusos graves que se les reprocha”.

Esta omisión en la que incurrió el equipo médico impidió el inicio temprano del tratamiento de la enfermedad que lo aquejaba, lo que determinó que al ingresar a la mañana siguiente ya los esfuerzos por salvarle la vida fueran estériles

“que no obstante que lo anteriormente expuesto es suficiente para desechar este capítulo de casación, se debe señalar que no es efectiva la aseveración -sobre cuya base se construye el recurso- respecto de que no existe prueba alguna acerca del daño material sufrido por los actores, puesto que tal como se expuso en el considerando duodécimo, los sentenciadores han señalado que este daño se encuentra acreditado tanto con la declaración de testigos como con la prueba documental y hechos que constan en el acta de inspección ocular del tribunal, los que ponderados conforme al sistema de prueba tasada permiten tener por acreditada la existencia del mismo, el que consiste en la completa destrucción del segundo piso del inmueble…”

El recurrente  considera vulnerados sus derechos establecidos en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución, por cuanto, no obstante haber repactado su deuda, la compañía procedió a privarlo del suministro eléctrico.La Corte de Concepción acogió la acción constitucional, pero la Corte Suprema en alzada revocó el fallo y rechazó el recurso.El […]

“resulta patente la ilegalidad porque la extensión y contenido de un contrato de mandato surge y se agota entre las partes de esa convención, ellas son las que se obligan recíprocamente bajo ciertos presupuestos bilaterales y serán las mismas quienes pueden tener disensiones o acuerdos respecto de la forma en que se cumple el cometido, de suerte que los terceros ajenos a esta relación contractual no pueden emitir pronunciamiento sobre su contenido y/o amplitud, a menos que se trate de ilicitudes, que naturalmente no pueden ser planteadas ni discutidas en esta sede”.

“dos demandados son responsables de haber instalado el letrero publicitario sin los permisos municipales, omitiendo desinstalarlo una vez que esto fue ordenado. Por otro lado, estrechamente vinculado al hecho ilícito anterior, está la omisión”, y que “la circunstancia de ser uno de los demandados un Órgano del Estado, obliga a aplicar a su respecto el estatuto de responsabilidad que le corresponde”

La Corte declaró que “la ausencia de la evaluación ambiental de este proyecto no resulta razonable ni coherente para esta Corte, infringiendo claramente la institucionalidad ambiental, pilar de nuestro desarrollo sustentable como país”, además de vulnerarse el deber de implementar los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad en el proceso de calificación de los Estudios de Impacto Ambiental, que incluye publicaciones en el Diario Oficial.