La Corte Suprema de Estados Unidos, en el marco de un recurso interpuesto por el Estado de Maryland
Se dedujo recurso de casación en el fondo por el Fisco de Chile, respecto de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que, confirmando la de primera instancia, acogió la reclamación sanitaria interpuesta por la Comunidad Edificio Santiago Centro, dejando sin efecto una multa de 200 U.T.M.
Se dedujo recurso de casación en el fondo por el Fisco de Chile, respecto de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que, confirmando la de primera instancia, acogió la reclamación sanitaria interpuesta por la Comunidad Edificio Santiago Centro, dejando sin efecto una multa de 200 U.T.M.
Se dedujo un recurso de queja en contra de Ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que, revocando la decisión de primera instancia, declararon el sobreseimiento definitivo de una investigación por robo con violencia, por haberse deducido la acusación penal fuera del plazo establecido para ello, siendo que no resultaba procedente, de conformidad con los artículos 247 y 259 del Código Procesal Penal.
Se interpuso recurso de casación en el fondo en contra de una sentencia de la Corte de Santiago que, confirmando con declaración la de primera instancia, aumentó los montos a que fuera condenado el fisco por perjuicios contractuales.
La Corte Suprema agregó que “esta materia ha sido ya objeto de numerosos pronunciamientos de esta Corte de casación, la que ha venido sosteniendo de manera invariable que no puede modificar los hechos que han fijado los jueces del fondo en uso de sus atribuciones legales, a menos que se haya denunciado y comprobado la efectiva infracción de normas reguladoras del valor legal de la prueba, cuyo no es el caso de autos”.
“…la potestad sancionadora de la Administración admite un origen común con el derecho penal en el ius puniendi del Estado, por lo que le resultan aplicables los mismos principios, límites y garantías que en la Carta Fundamental se prescriben para el derecho punitivo, aunque ese traspaso haya de producirse con ciertos matices en consideración a la particular naturaleza de las contravenciones administrativas”.
El recurso consideró infringido el artículo 768 N° 5 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el N° 4 del artículo 170 del mismo texto.
“las autoridades recurridas han decidido el cierre de la Universidad del Mar y la cancelación de su personalidad jurídica, sobre la base de textos legales expresos, como lo son las normas contenidas en las Leyes N°s 18.956, de 1999, que reestructuró el Ministerio de Educación, 20.370, de 2009, que estableció la Ley General de Educación y, desde luego, el artículo 19 N° 10 de la Constitución Política de la República”
La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el recurso de amparo, para lo cual consideró que “si bien es cierto existe un hecho que pudiere merecer reproche administrativo por parte de la autoridad penitenciaria, no es menos cierto que en la especie no existen fundamentos suficientes a fin de relacionar a los amparados con la conducta que se sanciona y/o castiga por el señor Alcaide”.
