En autos sobre juicio ordinario por indemnización de perjuicios, seguidos ante el Décimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, la parte demandada dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que, confirmando la de primera instancia, acogió la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral y ordenó a la demandada pagar a la parte demandante la suma de $120.000.000.

En autos sobre juicio ordinario por indemnización de servicios por falta de servicio, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, la parte demandada dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó la de primera instancia que condenó a pagar a los actores una indemnización para la cónyuge y para cada uno de los hijos de la víctima, por concepto de daño moral.

Se dedujo recurso de casación en el fondo, por la parte demandada, y recurso de nulidad formal por el demandante, respecto de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que, conociendo de un recurso de apelación, revocó el fallo de primera instancia sólo en aquella parte en que fijó una indemnización por lucro cesante y, en su lugar, rechazó la demanda por dicho concepto, confirmando la sentencia en lo demás, con declaración que los intereses y reajustes se deberán desde que el mismo quede ejecutoriado.

Se dedujo recurso de casación en el fondo, por la parte ejecutada, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó el fallo de primera instancia, rechazó las excepciones opuestas por la ejecutada y, consecuencialmente, ordenó seguir adelante la ejecución hasta hacerse entero y cumplido pago de la deuda que se reclamaba.

En autos sobre juicio ordinario por indemnización de servicios, seguidos ante el Décimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó en todas sus partes la de primera instancia que acogió parcialmente la acción deducida, condenando a la demandada al pago de $ 20.000.000 a título de indemnización por daño moral.

Se dedujo acción de protección fundada en la continuación de las labores de una obra de construcción, autorizada por la Dirección de Obras Municipales de Santiago, a pesar de existir una sentencia judicial que ordenaba la paralización de dichas labores. El recurrente sostuvo que estas acciones vulneran sus derechos a la igualdad ante la ley y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Se dedujo recurso de casación en la forma, por la parte demandada, respecto de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que revocó el fallo de primer grado acogiendo la demanda y, al mismo tiempo, se pronunció rechazando el incidente de incompetencia del tribunal promovido en segunda instancia, todo ello en juicio ordinario de nulidad de derecho público.

Se dedujo acción de protección en contra de la Dirección del Trabajo, por parte de una empresa, a fin de que se declare ilegal y arbitraria la decisión de dicha repartición pública que no admitió a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo respecto de una resolución que le cursó una multa, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y del derecho de propiedad.

Se dedujo acción de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de la Tercera Región de Atacama, por parte del Diputado Sr. Lautaro Carmona Soto y la Comunidad Colla de Pai Ote-Cerro Casale de la comuna de Copiapó, a fin de que se declarara ilegal y arbitraria la Resolución Ambiental N° 004 de 3 de enero de 2013, que calificó ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Optimización Proyecto Minero Cerro Casale”, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y del derecho de propiedad.

Se dedujo acción de protección en contra del Alcalde de la Municipalidad de Negrete, por parte de una ex trabajadora municipal, a fin de que se declarara ilegal y arbitrario el Decreto Alcaldicio Nº 1.175 de 26 de diciembre de 2012, invalidatorio de los Decretos Alcaldicios Nº 1.045, 1.047, 1.070, 1.073, todos de 29 de noviembre de 2012, que prorrogaban nombramientos a contrata para el año 2013, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y del derecho de propiedad.