implica que la presente acción no es el medio idóneo para atacar una sentencia, en cuya imposición no se demostró arbitrariedad o ilegalidad alguna
“cualquier infracción a esta ley, queda en un vacio jurisdiccional que finalmente repercute en la falta de aplicación y efectividad de la norma”.
“la eventual pena puede llegar a superar el límite de este instituto, dada la posibilidad de aumentar la pena hasta en dos grados, aun habiendo una atenuante…»
La recurrente informó solicitando el rechazo del recurso, dado que aplicaron la normativa vigente sobre la materia, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad.
«Para evitar su detención la víctima lanzó unos patines a los agentes y salió corriendo, en circunstancias que al ser perseguido por los funcionarios el procesado le da alcance y a una distancia de 10 metros le dispara con su arma, una subametralladora marca Max-10, en modo ráfaga, impactándole tres de los proyectiles que finalmente le causaron la muerte».
«entendido como el modo sincero y razonable con que las partes concurren a sus contratos, en otras palabras la rectitud, la intención de lealtad para con el otro, y que impone además mantener tal actitud desde el inicio de los tratos preliminares y hasta los momentos ulteriores a la terminación del contrato”.
“no es posible atribuir a la Tesorería General de la República el despliegue de una conducta que pueda ser calificada de ilegal o arbitraria, por cuanto la disposición antes referida le concede expresamente la facultad para efectuar la retención de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores de crédito solidario universitario, cuyo es el caso de la recurrente y la Tesorería ha sujetado su actuar a la autorización legal y a la información entregada por el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad Técnica Federico Santa María”.
La recurrente fundó su recurso de nulidad sustancial en la infracción del artículo 41 N° 5 de la Ley de Rentas Municipales y de los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del Código Civil.
«Las leyes procesales, como normas de orden público, deben ser acatadas estrictamente tanto por los litigantes, como por los jueces, de modo que no es procedente prescindir de las formas y plazos que la legislación contempla, ni sustituir sus exigencias, salvo disposición expresa que así lo autorice, lo que hace imperativo sancionar el incumplimiento de la formalidad omitida por el recurrente”.
«para tener derecho a los beneficios de carácter previsional por gracia que establece, es menester que las personas que opten por aquellos cumplan los siguientes requisitos…»
