al estimar los sentenciadores que el Banco de Chile carece de legitimación pasiva en estos autos incurrieron en el error de derecho denunciado
“una forma de reparación colectiva complementada con la reparación material del daño moral individual”.
“hechos que denuncia el recurrente consistente en una serie de conductas del acusado, no es contraria a derecho y no perturba las garantías constitucionales que se dicen conculcadas”.
el Magistrado tuvo por legalmente establecido que en julio de 1974 ambas víctimas fueron detenidas y llevadas al recinto secreto de detención y tortura conocido como Londres 38
no observándose arbitrariedad y/o ilegalidad alguna en su actuación, lo que hace innecesario ocuparse de las garantías constitucionales que se mencionan como vulneradas, previstas en los numerales 1°, 2°, 3°, 4°, 12º y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República
“atendida la naturaleza de la resolución recurrida y no siendo está la vía idónea para impugnar una resolución judicial, se rechazará el presente recurso por ser éste improcedente.”
la actuación unilateral de la recurrida, aunque sea la dueña del predio en que se encuentra ubicado el camino, se torna ilegal y arbitraria al proceder por vías de hecho, sin recurrir a la justicia para dirimir la controversia, lo que hace procedente esta acción cautelar
igualmente debería en caso de dictar sentencia de reemplazo desestimar la demanda, por cuanto todo asunto relativo al reclamo de aforo sub lite debió ser planteado en ese mismo procedimiento
que los elementos de juicio precedentemente expuestos permiten concluir que la actuación del Director del Hospital San Carlos de Ancud es ilegal y arbitraria, afectando la garantía fundamental de los recurrentes consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República
sólo correspondía declarar la nulidad de derecho público del acto terminal del Alcalde
