el 25 de Julio de 1974, Juan Ernesto Ibarra Toledo, estudiante universitario, 21 años de edad, militante del MIR, fue detenido alrededor de las 15:30 horas, sin orden judicial ni administrativa alguna, por agentes de la DINA
“como lo ha establecido la jurisprudencia, aun cuando las partes de un contrato no hubieren cumplido sus obligaciones, no pueden tomar medidas al margen del ordenamiento jurídico vigente a fin de obligar a la otra a una determinada conducta, de conformidad al principio que nadie puede hacerse justicia por sí mismo”
se sometió a proceso a Luis Alberto Jeldres Olivares y Aclisio del Carmen Muñoz Mori, ex funcionarios de Carabineros.
“que se ha empleado el presente arbitrio procesal para poner en entredicho la legalidad de una decisión técnica, pretensión que excede los márgenes de esta acción constitucional”.
el recurso de protección no puede ser utilizado como un juicio declarativo, ya que requiere la existencia de derechos indiscutibles e incontrovertibles
“resulta que el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Yumbel no ha cometido acto alguno ilegal o arbitrario al dictar el Decreto Alcaldicio N°473 de 17 de junio de 2013”
“por la intensidad del dolor, ocasionado desde luego por la pérdida del ser querido, pero agravado además por las circunstancias en que ocurrió, a lo que no puede ser ajeno el hecho de que nada menos que el Estado, esto es, el ente que por antonomasia debe velar por la vida e integridad de los habitantes, incurriera en falta tal, que el familiar de los demandantes cayera al río y pereciera sólo por transitar por un puente que tenía todo el derecho a considerar seguro”
La tramitación de la reclamación se ajustará a las reglas para el conocimiento y fallo del recurso de apelación civil, con la salvedad de que no se admitirán prueba testimonial ni confesional.
“la cuestión de fondo es un asunto que debe tramitarse y probarse en el pleito y no consiste en un reclamo relativo a derechos indubitados, lo que basta para desechar la acción”.
el actuar del fiscalizador recurrido ha superado las facultades que la ley otorga a la Dirección del Trabajo y a los inspectores del trabajo y sus fiscalizadores, pues los hechos reprochados al empleador, consistentes en el no pago oportuno de comisiones, y en el mal cálculo de la institución remuneratoria denominada “semana corrida”, no constituyen infracciones evidentes a las normas laborales
