La sentencia de primer grado acogió la acción al descartar, en primer término, la alegación del Fisco de Chile de encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso 2º del artículo 2322 del Código Civil
El máximo Tribunal rechazó el arbitrio procesal, señalando que “para un acertado análisis del recurso de queja cabe dejar consignado que la resolución de multa dictada por la Superintendencia de Valores y Seguros
Se dedujo reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, por parte del Servicio de Impuesto Internos, a fin de que se declarara contraria a derecho la decisión de dicho servicio público que acogió amparos de acceso a la información pública que inciden en la entrega de copia de la o las resoluciones […]
Se dedujo recurso de protección en contra de la Contraloría Regional del Biobío, por cuanto emitió dictamen que acogió reclamo de ilegalidad presentado por el recurrente en contra de un Decreto Alcaldicio que puso término a la relación laboral que mantenía, a raíz del cargo de Jefe de Proyectos de la Dirección de Administración del […]
que sobre la base de lo expuesto en los motivos que anteceden fluye que la recurrida, al poner término a la contrata del recurrente en la forma que lo hizo ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones
importa en los hechos pretender resolver unilateralmente y por sí misma, una controversia que sólo puede ser resuelta por los tribunales de justicia, con lo cual también se vulnera la disposición del artículo 19 Nº 3, inciso 4º de la Carta Fundamental
que corrobora el rechazo de esta acción constitucional, el hecho de que ésta, en el presente caso, ha sido utilizada como un sustituto jurisdiccional de recursos y procedimientos tanto administrativos como judiciales que la ley ha previsto para reclamar de las multas que la autoridad del trabajo
es el propio recurrente quien no ha utilizado los caminos correspondientes para poder acceder a un trabajo como docente
“las reflexiones que anteceden conducen a concluir que la sentencia impugnada por la vía de casación en el fondo no ha incurrido en los errores de derecho que se atribuyen por el impugnante, razón por la cual el recurso deducido debe ser desestimado”.
el 25 de Julio de 1974, Juan Ernesto Ibarra Toledo, estudiante universitario, 21 años de edad, militante del MIR, fue detenido alrededor de las 15:30 horas, sin orden judicial ni administrativa alguna, por agentes de la DINA
