Recurrente estimó infringidas las garantías constitucionales previstas en los numerales 1, 4 y 24 de la Carta Fundamental.
Máximo Tribunal indicó que pese a ello, gendarmería debe informar a juez de garantía sobre medidas en favor de amparado.
La Corte Suprema estimó que la orden de arresto que se pretende dejar sin efecto fue pronunciada por el órgano competente dentro del ámbito de sus atribuciones.
Corte de Arica señaló que se vulneró la garantía de la igualdad ante la Ley.
Corte de Iquique indicó que la casa de estudios mantiene políticas inclusivas a las cuales el accionante no acudió al momento de postular.
Máximo Tribunal reafirmó que no puede privarse a funcionarios públicos del derecho a ejercer esta acción.
Corte de Santiago indicó que de la relación de los hechos denunciados se desprende que la acción fue presentada de forma extemporánea con conocimiento del recurrente.
Corte de Santiago señaló que la resolución que dictó el alejamiento temporal del funcionario se basó en una ponderación de antecedentes que descartan cualquier tipo de ilegalidad o arbitrariedad.
El máximo Tribunal concluyó que, no existió impedimento para aplicar las normas de tutela a los funcionarios de la Administración del Estado.
Máximo Tribunal enfatizó en que la acción de protección no es una instancia declarativa de derechos sino de cautela de aquellas garantías preexistentes.
