«toda reforestación para producir efectos legales debe realizarse conforme a un plan de manejo previamente aprobado, toda vez que la Corporación Nacional Forestal es la autoridad administrativa encargada de controlar precisamente el cumplimiento de las prescripciones del plan de manejo presentado por el interesado».

“Valga lo dicho para predicar con énfasis que la “falta de interés” no es un hecho, sino una opinión, un juicio de valor, una calificación. En cuanto tal, no es susceptible de los predicados propios de los juicios descriptivos, que son los que atañen al ámbito de la facticidad. En consecuencia, aborta ab initio una casación substantiva que, al amparo de regulaciones exclusivas del establecimiento de hechos, se empeña en alterar una calificación jurídica. No precisa el recurrente la o las circunstancias que en el plano de los hechos haya(n) sido desconocida(s). Su derrotero es, nada más, la falta de interés. Ergo, la objeción no podrá prosperar”.

“que el error de derecho en que incurrieron los jueces del mérito al calificar de ilegal la ocupación del inmueble de autos por parte de los demandados, así como al considerar que en este caso se reúnen los requisitos de procedencia de la acción de comodato precario, influyó sustancialmente en la decisión de acoger la demanda, ordenar la restitución del inmueble y reservar el derecho del actor para discutir sobre la especie y monto de los perjuicios en la etapa de cumplimiento del fallo en otro juicio diverso, error que sólo es subsanable por la vía de la casación, por lo que el recurso deducido en lo que a esta materia se refiere, ha de ser acogido”.

«que esta Corte Suprema ha sostenido invariablemente que la construcción y determinación de la fuerza probatoria de las presunciones judiciales queda entregada a los magistrados de la instancia, puesto que la convicción de los sentenciadores ha de fundarse en la gravedad, precisión y concordancia que derive de las mismas”.

«por conducto de este medio de impugnación no se pretende otra cosa que variarlos en los términos que interesan al recurrente, para concluir que no existen los perjuicios reclamados por los demandantes ni relación de causalidad entre los que se dicen sufridos por ellos y la dictación de los decretos alcaldicios de que se trata, cuestión que este tribunal de casación no puede hacer, a menos que se hayan vulnerado efectivamente las leyes reguladoras de la prueba, lo que en la situación actual no ha ocurrido, como ya se ha dicho”.

“que por todo lo que se ha venido razonando la sociedad reclamante es sujeto pasivo de la obligación tributaria del pago de patente municipal, sin que el recurso aporte argumentos que permitan modificar tal convicción, por lo que cabe concluir que éste adolece de manifiesta falta de fundamento, lo que conduce a su rechazo”.

“concurre la excepción contemplada en el artículo 467 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidas por las leyes para que dicho título tenga fuerza ejecutiva con relación al demandado”.

«en la sociedad demandada recaía el deber de seguridad en la explotación y conservación de las rutas concesionadas traducido en la especie en la implementación de una señalización adecuada consideradas las particulares características del tramo en que ocurrió el accidente y su entorno, conclusión a la que en definitiva llega el fallo impugnado, obligación que como se ha visto nace del artículo 23 del D.F.L. 160”.

“fallo incurre en ultra petita cuando, apartándose de los términos en que las partes situaron la controversia por medio de sus respectivas acciones o excepciones, altera el contenido de éstas cambiando su objeto o modificando su causa de pedir. La regla anterior debe necesariamente relacionarse con lo prescrito en el artículo 160 del Código antes citado, de acuerdo al cual las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido sometidos expresamente a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio”.

«la empresa reclamante no ha demostrado que se cumplió con la obligación de declarar ante la Superintendencia la instalación de combustible líquido, limitándose a sostener que no le resulta aplicable a su parte el Decreto Supremo N° 160/2008, en circunstancias que tal declaración dice relación con la operación de la empresa, por lo que, de acuerdo al artículo 307 de ese reglamento, sus disposiciones al respecto le resultan plenamente aplicables”