la sentencia impugnada se limitó a seguir la tesis aceptada por el máximo tribunal, sin que el reclamante haya aportado argumentos que permitan desvirtuar tal convicción, toda vez que ha quedado demostrado que el giro de la reclamante “comprende la ejecución de actividades que importan la obtención de lucro o ganancia, es decir, se trata de actividades lucrativas y, por consiguiente, configuran un hecho gravado en el citado artículo 23” de la Ley de Rentas Municipales.

“en el pago de los derechos municipales se encuentra implícita la idea de una contraprestación por las concesiones o permisos que obtienen, o por servicios que reciben las personas de parte de los Municipios, situación que no se da en aquellos casos en los cuales la instalación de un soporte emplazado en un bien nacional de uso público no contiene publicidad”.

«se verifican los supuestos contemplados en el precepto legal citado a la época de la dictación del acto municipal impugnado, lo cual resulta coincidente con lo sostenido por la Contraloría General de la República».

“arribó a tal determinación jurisdiccional atendidas las motivaciones a que acudió el referido órgano comunal para negar la solicitud del administrado, las cuales los sentenciadores cuestionan desde que aquellas se basan en antecedentes que se originaron antes de la transferencia de la patente de alcoholes al reclamante”.

«el elemento en común para caracterizar una resolución es su carácter de decisión, que se manifiesta en ejercicio de una potestad pública, ambos elementos que se observan plenamente tanto en el pronunciamiento del Alcalde como en el del Director del Departamento de Rentas Municipales».

“criterio sostenido por la Contraloría General de la República invocado por la recurrente ha de ceder frente al de los tribunales ordinarios, que no se encuentran vinculados por los dictámenes del órgano contralor”.

“actividades terciarias son todas aquellas que consisten en el comercio y distribución de bienes y en la prestación de servicios de todo tipo y, en general, toda actividad lucrativa que no quede comprendida en las primarias y secundarias”.

“el criterio sostenido por la Contraloría General de la República invocado por la recurrente ha de ceder frente al de esta Corte Suprema, que no se encuentra vinculada por los dictámenes del órgano contralor de la Administración del Estado”.

“si el monto invertido en otros negocios o empresas debe entenderse en su sentido financiero, es decir, determinado conforme a los principios y prácticas contables, o bien debe entenderse en su sentido tributario, vale decir, determinado conforme a las normas establecidas por la Ley de la Renta en su artículo 41”.

“si la ley establece que la base imponible es el capital propio tributario del artículo 41 de la Ley de Impuesto a la Renta y, asimismo, autoriza a rebajar aquella parte de este capital propio que se encuentre invertido en otras sociedades gravadas con este mismo impuesto, la única solución para evitar la doble tributación -fin perseguido por el legislador- es que la rebaja se haga valorando esta porción de capital propio, formada por la referida inversión, de la misma manera que se valora el resto del capital propio, es decir, conforme a su valor tributario”.