Existe un conflicto de organización que pone en duda la validez del directorio.
Las decisiones impugnadas fueron adoptadas por las recurridas en virtud de sus facultades y dentro de sus competencias legales.
El actor pretende modificar las medidas propias de la autoridad y la determinación de políticas públicas para regular el funcionamiento de los servicios esenciales.
La recurrida actuó fuera de sus atribuciones.
La acción de protección no puede sustituir un procedimiento de lato conocimiento.
El actuar de la recurrida se encuentra amparado en la autonomía e independencia académica que sus propios estatutos y la ley le reconocen.
El recurso perdió oportunidad por la desaparición del hecho que lo motiva.
Los recurrentes estimaron vulneradas las garantías del artículo 19 numerales 2, 3, 14 y 26 de la Constitución Política de la República.
Por unanimidad.
El establecimiento denunciado no cumple con la normativa ambiental vigente. El ruido generado alcanza los 66 decibeles superando el umbral de 60 decibeles establecido en el D.S. 38 de 2011.
