La Corte de Rancagua estimó que la acción deducida perdió oportunidad, pues los organismos que han informado manifestaron que las publicaciones reclamadas por la actora fueron eliminadas de sus sistemas.

Máximo Tribunal indicó que existe un tratamiento de aguas aprobado por autoridad sanitaria y que pretensión excede el marco de la acción de protección.

Corte de La Serena indicó que mantener tal acto administrativo vigente y que mantiene vicios formales, vulnera el derecho de propiedad de las recurrentes.

La Corte de Punta Arenas indicó que, no se advirtió ilegalidad ni arbitrariedad en los actos en que se fundamentó la acción constitucional.

La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Carlos Aránguiz, quien fue de parecer de confirmar la sentencia en alzada de acuerdo a sus propios fundamentos.

La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro Sergio Muñoz, quien estuvo por confirmar la sentencia apelada de acuerdo a sus propios fundamentos.

La Corte de Santiago indicó en su sentencia que, no divisó una ilegalidad o arbitrariedad en los actos objeto del recurso.

Máximo tribunal indicó que el actuar del órgano administrativo se encuentra dentro de sus facultades.

Máximo Tribunal indicó que el actuar del órgano recurrido vulneró la igualdad ante la ley.

La Corte de San Miguel declaró inadmisible el recurso.