La Corte de Santiago indicó en su sentencia que, no existió un acto arbitrario o ilegal como indicó la recurrente, desde que la recurrida actuó dentro de la ley y su decisión se encuentra debidamente fundada.

La Corte de San Miguel indicó en su sentencia que, es posible concluir que la actuación de la recurrida, fue ilegal ya que no se ajustó al procedimiento contenido en el Estatuto Tipo.

Máximo Tribunal señaló que hechos denunciados no constituyen vulneración de las garantías de igualdad y patrimonio a la recurrente.

Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 2, 16 y 24.

El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 18 y 24.

El máximo Tribunal señala que, al haberse interpuesto la acción constitucional el 23 de octubre de 2019, la misma lo ha sido dentro del plazo de treinta días contemplado en el Auto Acordado Sobre Tramitación del Recurso de Protección.

La Corte de Apelaciones de Copiapó declaró que, el cierre de ambas plantas constituyó un acto por medio del cual, se buscó materializar la sanción de caducidad de la concesión impuesta a la empresa que las operaba

Recurrente estimó vulneradas las garantías de igualdad ante la ley y protección de su derecho de propiedad.

La recurrente estimó vulneradas las garantías del artículo 19 numerales 1 y 9 de la Constitución Política de la República.

Máximo Tribunal señaló que protección no es instancia declarativa de derechos.