Actúo como una comisión especial al desconocer facultades de la Junta de Administración y Vigilancia, y con infracción a la normativa laboral.
El máximo Tribunal sostuvo que no procede ejercer la acción de protección, cuando lo pretendido es la impugnación de actos intermedios que forman parte de un procedimiento complejo.
Tanto el receptor judicial recurrido como la institución policial que prestó el auxilio de la fuerza pública, se limitaron al cumplimiento de una orden judicial legalmente obtenida.
El cumplimiento de la normativa urbanística debe ser verificado por el Director de Obras Municipales con anterioridad a la concesión del permiso de construcción.
El máximo Tribunal resolvió que únicamente el pago de la obligación o su extinción por otro modo legal permiten eliminar información respecto a morosidad de deuda.
Los recurrentes señalan que las omisiones que denuncian los discriminan sin que exista una base racional que justifique que ciertos ciudadanos chilenos en el extranjero puedan votar y otros no.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 2, 16 y 24.
Los recurrentes estiman que tienen derecho a expresarse libremente y difundir sus ideas por cualquier medio.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales del artículo 19 numerales 1, 2 y 24.
El Máximo Tribunal ordenó a dicha repartición pública realizar todas las acciones pertinentes a fin de dar estricto cumplimiento a las obligaciones que específicamente le imponen los artículos 92, 92 D y 92 F.
