El requirente estima que la aplicación de la norma impugnada vulnera -entre otras garantías constitucionales- la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la libertad personal y la libertad económica, por cuanto la persona que fue condenada al pago, no era quien se encontraba obligada al mismo, sino que otra empresa.

La gestión pendiente invocada es un juicio ordinario laboral de restitución de cobros indebidos de pensiones seguido ante un Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso, en el que se encuentra pendiente de resolución un recurso de casación en el fondo que conoce la Corte Suprema, donde se impugnó la sentencia que desestimó la demanda por encontrarse prescrita la acción.

La gestión pendiente invocada incide en un recurso de casación en la forma y apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante el los cuales se impugna la sentencia que condenó a Entel a reembolsar las sumas de dinero que corresponden al costo del traslado de las instalaciones que mantenía en bienes nacionales de uso público.

La gestión pendiente invocada incide en una reclamación tributaria pendiente de resolución ante el Tribunal Tributario de la ciudad de Temuco.

«…por cuanto se establece un requisito previo a la interposición de acciones judiciales derivadas de perjuicios sufridos a consecuencia de prestaciones médicas, lo que establece una diferencia entre los titulares de derechos derivados de perjuicios producidos por prestadores de otros servicios, ya que éstos no están obligados a realizar la mediación mencionada».

Estiman que de aplicárseles las normas impugnadas se vulnera la igualdad ante la ley, como también la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por cuanto se les veda de ejercer su derecho a la identidad, privándolos de las acciones procesales para tales efectos.

La gestión pendiente invocada incide en sendos recursos de casación en la forma y en el fondo seguidos ante la Corte Suprema, mediante los cuales se pretende anular una sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca referida a un reclamo de liquidación tributaria.

Estima de que de aplicársele la norma impugnada se vulnera –entre otras disposiciones- la igualdad ante la ley y el debido proceso, como también la Convención Internacional sobre los derechos del Niño.

La gestión pendiente trata de una Oficial de Ejercito que dedujo acción de protección en contra de esa institución armada por haberle notificado la baja mediante la resolución de la Comisión de Sanidad.

«la eventual inconstitucionalidad de las normas cuestionadas resulta más evidente si se tiene en consideración que aquel tribunal fue el que suspendió la licencia de conducir en las dos causas que dieron origen al proceso de acumulación de infracciones a la Ley del Tránsito»