El requirente estima que la aplicación en el caso sublite del precepto legal impugnado produce efectos inconstitucionales, en la medida en que se dio por válida una notificación realizada en un sitio desocupado, lo cual otorga un exorbitante privilegio procesal al Fisco, afectando diversos principios y garantías que componen el derecho al debido proceso, al tiempo que este indebido proceso perturba también el derecho de propiedad de la requirente.

El precepto legal dispone “…se aceptará como gasto la remuneración del socio de sociedades de personas y socio gestor de sociedades en comandita por acciones, y las que se asigne el empresario individual, que efectiva y permanentemente trabajen en el negocio o empresa, hasta por el monto que hubiera estado afecto a cotizaciones previsionales obligatorias. […]

«Esta vulneración se configura al haberse excluido, por un acto voluntario del Ministerio Público, la totalidad de la prueba recabada legítima en la fase investigativa, por lo que no se dio cumplimiento al principio de inmediación en la fase del juicio oral, obteniéndose la condena a partir de prueba documental “reconstituida” por parte del ente persecutor y presentada en la audiencia de juicio oral».

«de aplicarse la norma impugnada, se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre otras, el principio non bis in idem, ya que se sanciona dos veces un mismo hecho, teniendo en cuenta que ya fue en una oportunidad dicha conducta infraccional debidamente sancionada por el órgano competente para ello, por medio de la aplicación de la multa y luego de la suspensión de la licencia de conducir que el mismo Tribunal decretó conforme a dicha falta».

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 32 inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.La gestión pendiente en que incide el requerimiento recae en una demanda declarativa laboral en contra de la Municipalidad de La Ligua, requirente de estos autos, por […]

“Si el hijo es póstumo, o si alguno de los padres fallece dentro de los ciento ochenta días siguientes al parto, la acción podrá dirigirse en contra de los herederos del padre o de la madre fallecidos, dentro del plazo de tres años, contados desde su muerte o, si el hijo es incapaz, desde que éste haya alcanzado la plena capacidad”.

«si bien antes se justificaba esta carga pública como una forma de retribuir al Fisco por la educación gratuita, hoy no tiene ningún asidero».

«lo cierto es que en este caso la norma impugnada le sirve de instrumento o herramienta procesal para reflejar su posición sobre el sustrato fáctico de la causa».

«la aplicación de la norma cuestionada afecta sus garantías constitucionales, en específico, el derecho a la protección de su vida privada y su honra, además del contenido esencial de dicho derecho, al restringirse la indemnización por daño moral derivada de imputaciones injuriosas a los exclusivos casos de prueba de daño emergente o lucro cesante, que pueda apreciarse en dinero».

«se estaría infringiendo abiertamente el Pacto de San José de Costa Rica, en particular, de acuerdo a lo sentenciado en caso Palamara con Estado de Chile por la Corte Interamericana de Derechos Humanos».