“que los actos y resoluciones estatales –sean decisiones, certificaciones o dictámenes- son públicos, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, por ende, no todo lo que produce la Administración, ni todo lo que ella posee es pública, pues resulta indispensable que exista un margen de privacidad para…»

La gestión pendiente invocada incide en autos por tormentos y apremios ilegítimos producto de la violencia de funcionarios de Carabineros de Chile, del que se declaró incompetente el Juzgado de Garantía de Linares, resolución en actual apelación para ante la Corte de Talca.

El requirente estima que, de aplicarse los preceptos legales impugnados, se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre otras, el derecho al debido proceso, al verse privado de la posibilidad de recurrir o revisar lo obrado en primera instancia. También alega infracción al principio non bis in idem, desde que considera hechos ya sancionados, para elevar la responsabilidad administrativa.

La gestión pendiente invocada incide en un reclamo de ilegalidad deducido por la Dirección Nacional de Servicio Civil en contra del Consejo para la Transparencia, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante el cual se impugna la decisión del CPLT que ordenó entregar información a la solicitante del puntaje obtenido por ésta en el informe psicolaboral en un proceso concursal.

La gestión pendiente invocada incide en un reclamo de ilegalidad deducido por la Dirección Nacional de Servicio Civil en contra del Consejo para la Transparencia, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante el cual se impugna la decisión del CPLT que ordenó entregar información a la solicitante del puntaje obtenido por ésta en el informe psicolaboral en un proceso concursal.

La requirente estima que la aplicación de la norma cuestionada afecta sus garantías constitucionales, entre otras, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la protección de su vida privada y su honra, desde que se reconoce a un grupo privilegiado de individuos, que siendo responsables de la comisión de un delito o cuasidelito civil, no tienen la obligación de indemnizar el daño moral que produce su acción.

«Se trata de una sanción procesal de prescripción al expropiante negligente cuando no insta a la toma de posesión material del inmueble expropiado dentro de los 60 días siguientes a la publicación del decreto expropiatorio.»

“resulta de manifiesta la desigualdad ante la ley que tiene el ejecutado, pues debe consignar una abultada suma de dinero para ejercer un derecho procesal básico como es la interposición del recurso de apelación”.

El precepto legal impugnado dispone que: “La resolución que aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días hábiles contados desde su notificación. Dicha reclamación deberá dirigirse en contra del Jefe de la Inspección Provincial o Comunal a la que pertenezca el funcionario que aplicó la sanción”.La […]

El primer precepto legal dispone, en la parte impugnada, que: “Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas”. A […]