«… si la sentencia del TDLC acoge lo propuesto por el acuerdo extrajudicial entre la FNE y LAN, significa que se está aplicando el precepto legal que le da sustento, esto es, el precepto impugnado”.

Durante las sesiones se produjo un álgido debate entre las delegaciones de los distintos Estados miembros, incluyendo representantes del Estado de Siria, y también representantes de organizaciones no gubernamentales.

La gestión pendiente invocada incidía en un juicio criminal seguido ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, el que dictó una resolución que declaró admisible una querella por apropiación indebida en contra del requirente. En contra de esa resolución, se dedujo un recurso de apelación, el cual fue denegado en virtud de la norma impugnada, y el querellado no conforme con ello, recurrió de hecho ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, señalando también a esta última como gestión pendiente.

«…en diversos pronunciamientos ha declarado la inaplicabilidad de una expresión, una frase o inciso de un artículo y ha precisado que el requisito de la acción consiste en que se impugne un precepto legal se da por cumplido en aquellas ocasiones».

La gestión pendiente invocada incidía en el proceso de desafuero seguido en contra del Diputado René Alinco Bustos ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y en actual tramitación en la Corte Suprema por vía de apelación.

«…en la sentencia de primera instancia agregada a los autos, se aprecia que el Juez del Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda y declaró abusiva las cláusulas relativas al cobro de comisiones, fundado en diversas disposiciones de la Ley N° 19.496 y del Código Civil dentro de las cuales no se menciona el artículo 1683 de este último cuerpo normativo».

La acción de inaplicabilidad incidía en un recurso de apelación seguido ante la Corte Suprema, mediante el cual se pretende revocar una sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que desestimó una acción de protección que perseguía dejar sin efecto la decisión de un establecimiento educacional subvencionado que cobró matrícula a sus alumnos.

La acción de inaplicabilidad incide en una reclamación interpuesta ante un Juzgado Civil de Rancagua en contra del Servicio de Salud de la Sexta Región, por medio de la cual se pretende dejar sin efecto una multa aplicada bajo el apercibimiento de prisión, por una supuesta infracción de las normas aludidas, lo que vulnera el principio de legalidad, de reserva legal, y de taxatividad en materia penal (art. 19 N°3), junto con el derecho a desarrollar cualquier actividad económica (art. 19 N°21)

La impugnación no se admitió a trámite y se declaró derechamente inadmisible, toda vez que la sala designada por el Presidente del TC llamada a pronunciarse sobre su admisión a trámite a fin de resolver sobre la admisibilidad de la acción deducida, concluyera que adolece de vicios o defectos tales que hacen imposible que pueda prosperar.

Lo anterior por cuanto el requerimiento no impugna precepto legal alguno, sino que cuestiona el actuar del sentenciador, en este caso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, pidiéndose que se declare inconstitucional el fallo de dicho Tribunal que rechazó el recurso de protección deducido por el actor.