«en sede de apelación, se discute acerca del monto de los intereses referidos a la indemnización de perjuicios a la que fue condenado el requirente, en circunstancias que el precepto reprochado dice relación con la vigencia de la Ley N° 20.603, que estableció diversas modificaciones a los requisitos para acceder al beneficio de la libertad vigilada».

«en el proceso laboral pendiente se haya efectuado la mencionada notificación –de la demanda laboral- pese a que la persona natural, representante de la sociedad educacional demandada, no se encontraba en el lugar del juicio, puede suponer una errada aplicación de la ley cuya corrección corresponde a los jueces del fondo mediante el sistema recursivo que la ley establece al efecto».

«el requerimiento carece de fundamento plausible, puesto que lo planteado como cuestión de constitucionalidad es, en realidad, un asunto de mera legalidad que se confunde con lo debatido en la gestión pendiente, materia que es de competencia de los jueces del fondo y que escapa al control de constitucionalidad que corresponde ejercer a este Tribunal a través de la acción de inaplicabilidad».

«en cuanto a la impugnación de la disposición octava transitoria de la Constitución Política, procede declarar la inadmisibilidad, por no ser procedente respecto de preceptos que no tengan rango legal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 84 de la LOCTC».

«es indubitado que la misma parte recurrente en la gestión en que incide el presente requerimiento de inaplicabilidad, estando en disconformidad con la declaración de inadmisibilidad decretada con anterioridad respecto de su acción interpuesta en los autos Rol N° 2351-12-INA, la ha intentado nuevamente, deduciendo la presente acción de inaplicabilidad nueve días después ( 4 de enero de 2013) de la anterior declaración de inadmisibilidad (26 de diciembre de 2012).»

«estimaron que el conflicto que plantean se refiere a la inconstitucionalidad de los preceptos reprochados, toda vez que convoca a este sentenciador a determinar si su aplicación vulnera o no el derecho a la igualdad ante la ley. De esta manera, los requerimientos se encuentran razonablemente fundados, cuestión que, junto al cumplimiento de los demás presupuestos de admisibilidad, hace procedente declararlos admisibles».

restando sólo la dictación del «cúmplase» de la sentencia, la preceptiva impugnada no puede recibir aplicación en dicho trámite, toda vez que el Tribunal que conoce del asunto ya ha adoptado una decisión sobre el fondo del mismo y posteriormente se ha declarado el abandono del recurso, verificándose además la causal de inadmisibilidad del numeral 5° del artículo de la LOCTC.

en la gestión judicial invocada, ya ha sido decretada la medida de apremio de arresto -en contra del Alcalde de la Municipalidad de La Ligua-, según lo permiten las disposiciones legales cuestionadas. De esta manera, lo que intenta impugnarse es la resolución judicial que ordenó el arresto de la autoridad aplicando esas disposiciones. Lo anterior queda de manifiesto si se atiende a lo expresado en el petitorio del libelo de autos, en el que se solicita a esta Magistratura que decrete «el cese inmediato del apremio de arresto ordenado contra el Sr. Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Ligua…»

El TC no admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugna el inciso segundo del artículo 988 del Código Civil, anterior a la entrada en vigencia de la Ley N° 19.585, en la parte que indica.La gestión pendiente invocada incide en juicio de partición incoados ante un Juez Árbitro, nombrado por el Tercer Juzgado […]

«no es función de esta jurisdicción constitucional aclarar el sentido que tienen determinados preceptos, dado que esto último importa «una cuestión de legalidad cuya resolución es propia de los jueces de fondo» (sentencias Roles N° 522, 1214, 2107 y 2353), conflicto que no se encuentra dentro del marco de atribuciones de este órgano de jurisdicción constitucional».