«encontrándose afinada la cuestión principal con el otorgamiento de la escritura pública de adjudicación, se ha producido el desasimiento del Tribunal, encontrándose agotada la jurisdicción respecto de la parte requirente y no existiendo, por consiguiente, propiamente una gestión judicial en estado de pendencia en que el precepto impugnado pueda tener aplicación decisiva.»

La gestión pendiente invocada es un juicio de arrendamiento seguido ante el Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, cuya sentencia definitiva se encuentra actualmente recurrida de apelación conocida por la Corte de Apelaciones de Santiago.En su resolución, la Magistratura Constitucional arguye, en esencia, que el precepto impugnado no es decisivo en la resolución del asunto […]

«la parte requirente no ha dado cumplimiento a la exigencia establecida en el artículo 79 de la LOCTC, en orden a acompañar un certificado emitido por el tribunal de la gestión pendiente».

«esta Magistratura declaró inconstitucional sólo la gratuidad del turno de abogado, declarando, a su vez, expresamente, la constitucionalidad de aquella institución, consagrada, como se dijo, en el citado artículo 595».

«A juicio de la Excma. Corte Suprema –requirente en autos de inaplicabilidad- se estaría transgrediendo el artículo 19 N° 2 de nuestra Carta Fundamental que establece la igualdad ante la ley».

«se desprende que no concurren los presupuestos constitucionales y legales para que la acción pueda prosperar, toda vez que la disposición reprochada no es decisiva para la decisión del asunto, configurándose de esta manera la causal de inadmisibilidad del numeral 5° del artículo 84 de la LOC del TC».

«consta en autos que la causa fue fallada por el Juzgado de Policía Local de Colina, mediante sentencia definitiva respecto de la cual no procede recurso alguno»

«el requerimiento deducido no da cumplimiento a la exigencia constitucional y legal de contener una impugnación que esté razonablemente fundada, toda vez que la acción deducida en autos formula un conflicto de mera legalidad y no de constitucionalidad, siendo su resolución de competencia de la Justicia Electoral»

«la aplicación de la disposición impugnada no resulta decisiva en la resolución de la gestión pendiente, desde el momento en que la sentencia de primera instancia funda el rechazo de la demanda en la no acreditación del vínculo de subordinación y dependencia y el recurso de nulidad que la impugna, en la fundamentación de las distintas causales que invoca, no se refiere en parte alguna al precepto impugnado en el presente requerimiento».

«la acción constitucional interpuesta en autos no puede ser acogida a tramitación, por cuanto el requerimiento formulado no cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 52, inciso 2°, de la LOCTC».