La CGR expresa que la materia a que se refiere la cuestionada resolución de la DIRECTEMAR no se encuentra comprendida entre aquellas afectas al control previo de juridicidad.
De producirse la eliminación de los afectados por aplicación de la mencionada potestad, el respectivo instrumento satisfaría la exigencia de ser motivado.
Se consultó, además, si el reglamento a que se refiere el aludido artículo 49 bis debe enviarse a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo luego de que la CGR haya tomado razón de aquel instrumento.
El órgano contralor determina que corresponde que la reclamante sea reincorporada.
Corresponde que el Servicio de Salud Metropolitano Occidente deba pagar las asignaciones reclamadas por la recurrente por el lapso comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016.
Los recurrentes sostuvieron en su denuncia que el proceso para la obtención del permiso de edificación respectivo adolece de diversos vicios.
No fue posible acreditar que la intervención o comportamiento de los funcionarios públicos involucrados haya sido contraria al deber de mantener una conducta social intachable.
La decisión de llamarlo a retiro temporal, es independiente de la eventual responsabilidad penal o administrativa que pudiere afectarle.
La Contraloría concluye que la inclusión de la reclamante en la lista anual de retiros, se encuentra ajustada a derecho.
Corresponde que la UMCE adopte las medidas para evaluar y resolver la solicitud de inscripción formulada por el peticionario.
