La prohibición aludida se circunscribe al ámbito de las actividades educativas regulares.
No se observa ninguna irregularidad en la calificación asignada al afectado, por lo que reconsidera el citado Oficio Nº 44.252, de 2017.
No resulta procedente que siga desempeñándose como empleado municipal, toda vez que el respectivo nombramiento ha cesado por el solo ministerio de la ley.
Se concluye que no se advierte impedimento para que la autoridad del aludido recinto hospitalario pueda convenir con un tercero la administración de los estacionamientos.
La Contraloría General concluye que las circulares cuestionadas deben ser entendidas en concordancia con su jurisprudencia administrativa.
No existen vicios de procedimiento que permitan su invalidación.
Dichas propuestas no son vinculantes para la superioridad sancionadora.
El dictamen concluye que la Contraloría General carece de competencia para la revisión de la tabla de viáticos que impugna el requirente.
El empleador tiene la obligación de descontar de las remuneraciones del trabajador las sumas por créditos sociales adeudados a las cajas de compensación.
El organismo informó que se rechazó la solicitud de la recurrente, ya que no presentó todos los antecedentes necesarios para acceder a ello.
