El dictamen sostiene que la convocatoria fue realizada acorde al reglamento, por lo que no advierte situaciones que observar sobre la materia.
No obstante, el dictamen indica que el SAG está habilitado para requerir a los Tribunales de Justicia el desafuero, pidiendo incluso la separación provisional de la funcionaria.
No se advierte impedimento para que la referida autoridad regional haya asignado temporalmente a una funcionaria de su dependencia, a cargo de una sub oficina en otra comuna, las labores que se cuestionan.
Habiéndose constatado los errores en que incurrió el Servicio de Evaluación Ambiental, procede considerar que la funcionaria postuló a los beneficios de la Ley N° 20.948, en tiempo y forma.
La autoridad administrativa deberá adoptar las medidas necesarias a fin de dejar sin efecto la citada resolución exenta N° 432, de 2018, por ser contraria a derecho.
El dictamen concluye que el castigo impuesto al individualizado funcionario se ajustó a derecho.
La CGR recuerda que el último pronunciamiento concluyó que el decreto N° 10.998, de 1961, de la ex Dirección General de Salud, no contempla los derechos de atención médica preferente y oportuna que se reclamaban.
Condenado no habría cumplido los requisitos previstos para la concesión de ese beneficio, en particular, el relativo a su conducta.
Samuel Hernández Apodaca, académico mexicano, analiza la relación entre poder y las minorías legislativas.
La entidad edilicia informó que las destinaciones excepcionales de los buses de que se trata no ha afectado el servicio de transporte escolar.
