El órgano contralor señala que no se aportaron elementos que permitan alterar el criterio impugnado, confirmando dictamen N° 70.620, de 2013 y N° 71.184, de 2014.

El dictamen N° 25.262, de 2 de mayo de 2012, eximió de la obligación de rendir cuenta de tales caudales a los organismos receptores y ejecutores de los mismos.

No es posible considerar para tales efectos los lapsos de abono o desafiliación reconocidos por el legislador para fines previsionales.

En situaciones como la analizada y cuando dichos comités se encuentren constituidos en entidades públicas, se debe procurar la actuación coordinada de esos cuerpos colegiados.

De esa manera, no se advierte inconveniente para que la entidad peticionaria pueda postular nuevamente a ser beneficiaria de los haberes públicos que integran el Fondo de que se trata.

Tanto Gendarmería como Carabineros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, requeridos de informe, señalaron que se trata de una atribución de Gendarmería.

Lo importante es establecer si el CIREN se encuentra dentro de las «empresas o entidades del Estado» que usa el artículo 1 inciso quinto de la ley N° 19.863.

La Contraloría aclara que en esta investigación no se fiscalizó al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, sino que a la Municipalidad de Valparaíso y al Consejo de Monumentos Nacionales.

La asignación por antigüedad no se encuentra prevista entre las normas remuneratorias del Código del Trabajo.

Los municipios pueden contemplar en sus ordenanzas normativas que eviten la discriminación arbitraria y protejan la dignidad de las personas.