En resguardo del principio de seguridad jurídica, el ente contralor expuso que este nuevo criterio solo generará efectos para el futuro, sin alcanzar a las infracciones que ya prescribieron conforme al criterio sustituido.

Se solicitó la reconsideración del dictamen N° 42.621, de 2007.

El ente contralor estimó que los honorarios pactados implicaron una contravención a los principios de eficiencia y economicidad que debe observar la Administración en sus contrataciones.

Corresponde que la Superintendencia de Pensiones iniciar un proceso invalidatorio de la citada resolución exenta N° 91.669, de 2018.

El ente contralor concluyó que al no haberse dispuesto el alejamiento de la peticionaria en forma motivada, procede que sea reincorporada a sus funciones en los mismos términos de su última contratación.

El ente contralor indicó que las Corporaciones de Asistencia Judicial tienen la condición de servicios públicos descentralizados y, por ende, integran la Administración del Estado.

La deducción de medio día de remuneraciones, únicamente será procedente en la medida que aquellos no acrediten haber prestado efectivamente sus servicios.

Atendido a que no existe norma expresa que le haya otorgado competencias a la DICREP sobre la enajenación y subasta pública de los bienes inmuebles no imprescindibles.

En situaciones excepcionales de escasez de médicos, se puede recurrir transitoriamente a la contratación de profesionales que no hayan aprobado EUNACOM.

El ente contralor concluyó que no se advierte inconveniente jurídico en la realización del procedimiento que, precisamente, tuvo por objeto que el Consejo pudiera acceder a información que le permitiera velar por el cumplimiento de la citada ley.