El ente contralor adujo que un cambio en el régimen estatutario no puede implicar un impedimento o merma para gozar del feriado, porque se trata de desempeños como empleados públicos para la Administración del Estado.

El ente contralor indicó que el concepto de «Predio Remanente Aislado» del artículo 15 del PRC no se ajusta al ordenamiento jurídico.

El ente contralor adujo que la ley N° 18.695, al regular las incompatibilidades de los concejales, se refiere específicamente a la situación de los funcionarios de los señalados estatutos, determinando excepciones particulares al efecto.

El ente contralor indicó que Ejército de Chile deberá proceder a adoptar las medidas que resulten necesarias para ajustar dichos actos administrativos a la normativa transcrita y asegurar el cumplimiento de lo establecido en este pronunciamiento y en la jurisprudencia mencionada.

El ente contralor adujo que el MINEDUC se encuentra facultado para determinar los medios específicos de participación destinados a ser utilizados en los procesos que contempla la reseñada ley N° 18.575.

Requerida de informe, Carabineros de Chile informó que se constató que se incurrió en un error de derecho, pues no fue considerada la causal de retiro temporal del solicitante.

Los descuentos pueden realizarse en cualquier momento, respetando, por cierto, el plazo general de prescripción de cinco años establecido en el artículo 2.515 del Código Civil.

No se advierte inconveniente en que los municipios establezcan en sus ordenanzas que corresponde a los establecimientos colindantes a los bienes nacionales de uso público administrados por las municipalidades, reparar los pavimentos de las aceras.

El ente contralor sostuvo que tanto los certificados acompañados por la recurrente, como los documentos aportados por esa cartera de Estado, no son útiles para acreditar que la recurrente se haya desempeñado en el referido cargo durante todo el período comprendido entre el 1 de noviembre de 1976 y el 30 de junio de 1987.

El ente contralor indicó que existe reiterada jurisprudencia administrativa, de este origen, que ha precisado que esta Contraloría General no constituye una instancia de apelación respecto de los pronunciamientos emitidos por sus Oficinas Regionales en relación con los asuntos sometidos al conocimiento de aquellas.