Se denunció ante la Contraloría General de la República –por parte una funcionaria a contrata del Hospital El Pino- respecto de una agresión verbal ejecutada por otra servidora de ese establecimiento, por lo que solicita la apertura de una investigación con el objeto de aclarar los hechos sobrevenidos.El ente de control precisó –como cuestión previa- […]

“los abogados que se desempeñen como funcionarios o empleados contratados a cualquier título en los servicios de la Administración del Estado o en instituciones o servicios descentralizados, territorial o funcionalmente, no podrán patrocinar ni actuar como apoderados o mandatarios de imputados por crímenes, simples delitos o faltas contemplados en dicha ley”.

El órgano aludido informó que la desvinculación del solicitante tuvo su origen en una causa legal, esto es, el vencimiento del plazo establecido en su designación, lo que fue comunicado al ente contralor en su oportunidad.

«…después de reabierto un procedimiento sumarial, deberá estarse a su término, para que una vez acontecido aquello y solo en el evento de disponerse finalmente una sanción no expulsiva, o bien, la absolución o el sobreseimiento de la investigación, se proceda a evaluar …»

El órgano de control precisó que, de acuerdo a lo que establece el artículo 67 de la Ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, en lo pertinente con la actividad acuícola, dispone que “será de responsabilidad de la SUBPESCA la elaboración de los estudios técnicos para la determinación de las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura (AAA), considerando entre otros aspectos, las áreas protegidas contempladas en la zonificación del borde costero”.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de una Inmobiliaria- pronunciamiento acerca de la caducidad de la declaratoria de utilidad pública

La institución hospitalaria aludida informó que procede declarar la prescripción a que aluden los recurrentes, por cuanto el proceso en cuestión se ajustó a las normas y jurisprudencia vigente.

El órgano contralor recordó que, conforme al artículo 5°, letra c) de la LOC de Municipalidades, a los municipios les corresponde administrar los bienes nacionales de uso público, salvo aquellos que, en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, su administración corresponda a otros órganos de la Administración del Estado

“la regla general es que las sumas que las leyes presupuestarias ordenan traspasar de un organismo público a otro, ingresan como recursos propios a su presupuesto, a menos que la misma normativa haya previsto que se entreguen en otro carácter”

“las facultades fiscalizadoras que el ordenamiento jurídico confiere a la autoridad sanitaria y que no dicen relación con los asuntos de competencia de esa Superintendencia no se han visto afectadas por la entrada en vigencia” de la ley 20.417.