El órgano de control precisó que, “en concordancia con el artículo 11 de la ley N° 18.834, los contratados a honorarios se rigen por las reglas establecidas en el respectivo instrumento, no siéndoles aplicables las disposiciones estatutarias de ese texto legal”.
Adujo la peticionaria que la práctica de una serie de diligencias que describe, permitiría demostrar su inocencia.
Expuso la CGR que corresponde que el municipio adopte, a la mayor brevedad, las medidas tendientes a subsanar la situación referida, en coordinación con esa Secretaría de Estado y considerando las particularidades del sector a que alude.
El órgano fiscalizador precisó que “que en la documentación acompañada por la requirente, no aparecen antecedentes que permitan acreditar la existencia de las circunstancias denunciadas».
Se recurrió ante la Contraloría General –por parte de un exfuncionario de la Policía de Investigaciones de Chile- en contra de la separación de funciones que se le aplicó.
Se advierte que la única sanción que la ley prevé por el incumplimiento de dicha exigencia es que tales carreras y programas no podrán acceder a los recursos del Estado.
La CGR concluye que el actuar de Carabineros de Chile, se ha ajustado a derecho al denegar la solicitud de que se trata.
La CGR concluye en esencia que el SII puede disponer las ‘comisiones de servicio’ consultadas.
La CGR concluye que la Municipalidad de Recoleta ajustó su proceder a derecho al denegar la solicitud de que se trata, por lo que desestimó el presente reclamo.
La CGR arguye que el particular fue declarado “no idóneo para el cargo” y que por tal motivo la institución educativa aludida se vio en la obligación de despedirlo.
