La Contraloría General de la República, procedió a revisar su jurisprudencia administrativa relativa al alcance que se ha dado a la expresión «áreas colocadas bajo protección oficial».
La CGR concluye determinando que el ocurrente regrese al departamento de administración de educación a desempeñar las funciones por las que fue contratado.
La CGR concluye expresando que esa corporación deberá tener en cuenta que de acuerdo a lo manifestado a su jurisprudencia administrativa contenida en dictamen N° 98.047 de 2015.
La institución reclamada informó que no ha operado dicho silencio, pues el requerimiento del ocurrente fue respondido con fecha 13 de agosto 2015.
Se consultó a la Contraloría General de la República –por parte de un particular- acerca si el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) debe rectificar su resolución exenta N° 865, de 2012.
Se solicitó a la CGR –por parte de un grupo de diputados- precisar los alcances de las facultades de orden público de los intendentes y gobernadores.
Concluye la CGR indicando que los gastos por concepto de traslados no se encuentran expresamente exentos de rendición.
Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de los alcaldes de las Municipalidades de San Miguel y La Granja- la reconsideración de los dictámenes N°s 34.231 y 86.519, ambos de 2015.
El ente de control concluye estableciendo que al no aportarse antecedentes nuevos o distintos que pudieren alterar la conclusión contenida en los dictámenes N°s. 5.241 y 51.532, ambos de 2015 y de ese origen, desestimó la solicitud de reconsideración de este último.
La CGR concluye desestimando la reclamación interpuesta y emplazó al servicio a adoptar las medidas necesarias para precaver situaciones como las ocurridas en la especie.
