El ente fiscalizador remitió los antecedentes a la Contraloría Regional de Atacama a fin de que esa Sede Regional pondere la pertinencia de iniciar un proceso disciplinario.

El ente contralor señaló que en la especie no se ha modificado el monto de una asignación vigente.

Se concluye exponiendo que tal modalidad, en general, supone que el titular extraiga un mayor volumen que el otorgado, a fin de que devuelva al cauce el caudal que corresponda a la referida interferencia.

El ente contralor concluye que los pagos revisados no se ajustaron a derecho por lo que corresponde que ENAP adopte las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico pertinente, en lo referido al finiquito de los trabajadores que desvincule, en los términos precisados.

El órgano contralor concluye que según lo informado por la entidad recurrida y la documentación tenida a la vista, que si bien el interesado despachó su postulación dentro del plazo consignado en los lineamientos del certamen, su recepción tardía en el proceso obedeció a un error de la respectiva empresa de correos.

El ente contralor advierte que una persona que se atiende en un establecimiento de salud bajo la modalidad de libre elección, y no en la modalidad institucional, lo hace en virtud de una manifestación de su voluntad.

El órgano contralor advierte que, en lo sucesivo, esa autoridad deberá requerir a los peticionarios para que, en el plazo de cinco días subsanen las observaciones o acompañen la documentación necesaria.

El dictamen consigna que el artículo 6° de la ley N° 19.465 establece, en el marco del referido sistema de salud, que a cada Comandante en Jefe institucional le corresponde fijar el valor de las prestaciones básicas que otorgue dicho régimen a sus beneficiarios, de acuerdo a los criterios que fije el reglamento, el cual hasta la fecha no ha sido dictado.

No se observó irregularidad en tal declaración por parte de la autoridad competente.

La publicidad y acceso a la información de esta Contraloría se rigen, en lo que fuere pertinente, por los Títulos II y III y los artículos 10 al 20 del Título IV de la Ley de Transparencia.