El ente contralor adujo que, para ello, se precisa el consentimiento de dichos funcionarios y que es con el fin de hacer frente a la contingencia por pandemia de COVID-19.

Esto, a propósito de consulta respecto de la procedencia de que ante la suspensión de contratos de obra por motivo de caso fortuito fuerza mayor, se efectúen pagos a las empresas contratistas por concepto de gastos generales y/o por concepto de avance efectivamente ejecutado.

El ente contralor adujo que habida consideración de las circunstancias extraordinarias derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, no se advierte alguna infracción que representar al Ministerio de Educación.

El ente contralor adujo que no puede considerarse una injerencia indebida por parte de esas autoridades en el Congreso Nacional, toda vez que no se adviertan elementos para establecer que su presencia haya configurado un acto de proselitismo o propaganda política.

Consta en los antecedentes tenidos a la vista que la corporación de que se trata contrató a la funcionaria a contar del 1 de marzo de 2014, para prestar servicios como educadora diferencial.

Esto, a propósito de consulta de una comunera e integrante de la Asociación Indígena Aymara Laguna de Huasco, que reclamaba la falta de consulta indígena en la tramitación de dicho decreto.

El ente contralor expuso que estas facilidades de pago podrán ser ofrecidas adoptando los resguardos necesarios.

El ente contralor adujo que las exigencias que debían tener las tenidas de combate compradas, no fueron explicitadas por la entidad compradora en la pertinente comunicación.

El órgano contralor manifestó que la experiencia profesional no debe ser confundida con la laboral, pues la primera se alcanza a través del ejercicio efectivo de la profesión en cuestión, aplicando los conocimientos adquiridos en el respectivo periodo de formación.

De todas formas, el ente contralor recordó que es necesario puntualizar que nuestro ordenamiento jurídico no contiene una normativa que regule de manera general las contrataciones que efectúan las empresas del Estado.