El órgano contralor concluyó que todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la normativa se encuentran comprendidos en el precio a suma alzada pactado y, por tanto, que no corresponde que el servicio asuma el costo de su ejecución.

El órgano contralor concluyó que no se aprecia que el hecho, constituya un vicio legalidad de la resolución impugnada, teniendo en cuenta las atribuciones generales de esa entidad.

El órgano contralor concluyó que todos los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la normativa se encuentran comprendidos en el precio a suma alzada pactado y, por tanto, que no corresponde que el servicio asuma el costo de su ejecución.

El ente fiscalizador concluyó que no se divisan antecedentes ni elementos de juicio que den cuenta de incumplimientos en el ejercicio de las competencias de la SISS a dicho respecto.

El cuestionado dictamen había concluido, en síntesis, que el cargo de Fiscal Nacional Económico no forma parte del SADP, razón por la cual no tendría derecho a la indemnización prevista en el artículo quincuagésimo octavo de la ley N° 19.882, al término de su segundo período de cuatro años.

El ente contralor estimó que no se aprecian elementos que permitan sostener que una consideración cualitativa de la misma deba primar por sobre su antigüedad, parámetro empleado expresamente por los documentos que rigieron la correspondiente licitación para medir el rubro en comento.

El ente fiscalizador indicó que las bases administrativas del certamen -aprobadas por la resolución exenta N° 113, de 2019, de ese servicio- previenen, en su N° 3, punto 3.11, expresan en lo que interesa, que se procederá a declarar desierta la licitación cuando las ofertas no cumplan con los requerimientos mínimos señalados en las bases.

La Superintendencia del Medio Ambiente ejerce sus facultades de fiscalización y sanción también sobre el cumplimiento de los instrumentos y normas de carácter ambiental respecto de los que la ley le ha otorgado expresamente competencia.

El recurrente plantea que en su evaluación se ponderó el castigo de diez días de arresto militar.

Se estimó que dicha forma de notificación importó incurrir en un vicio que afectó el derecho a defensa del interesado, en armonía con el criterio contenido en los dictámenes N° 18.113 y 24.757, de 2018, de este origen.