Contraloría adujo que no corresponde que este Órgano de Control intervenga en un asunto ya revisado por el organismo competente dentro del ámbito de sus atribuciones.

Una exfuncionaria de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, impugnó la legalidad de la declaración de vacancia del cargo de Contador General de esa repartición, por no presentación de la renuncia no voluntaria.

El ente contralor sostuvo que tanto los accidentes ocurridos en acto del servicio como las enfermedades derivadas de este y las enfermedades profesionales, se verificarán previa instrucción de una investigación sumaria administrativa dispuesta por la autoridad competente.

El órgano contralor sostuvo que de los antecedentes examinados se advierte que el Tribunal, con fecha 4 de septiembre de 2018, dictó su sentencia en la cual desestimó la reclamación de la mencionada asociación de funcionarios.

El órgano contralor concluyó que, en efecto, procede que se dé curso a la petición de retractación formulada por la funcionaria.

El ente contralor expresó que esto, es sin perjuicio de que si el aludido proceso finaliza por absolución o sobreseimiento definitivo, corresponde que se paguen dichas sumas.

El ente contralor adujo que, en su caso, se configuró la hipótesis prevista en el inciso segundo del reseñado artículo 188, que hace procedente que pueda conservar el derecho a recibir el sobresueldo que reclama, con la limitación que se fija en tal precepto.

El ente contralor expresó que, con todo, respecto de cualquiera de las aludidas asignaciones presupuestarias los servicios públicos deben ceñirse estrictamente a los principios de economicidad, eficiencia y eficacia en su empleo, en atención al origen público de los recursos involucrados.

El alcance radica en el tiempo que tardó en dictarse el acto administrativo puede implicar que las medidas propuestas en el mismo, en la actualidad, resulten ineficaces.

El ente contralor expresó que producto de esta nueva sanción, el solicitante está impedido de reingresar a la Administración del Estado, en cargos titulares y a contrata afectos a alguna de las reseñadas leyes, hasta el día 3 de noviembre de 2021.