El máximo Tribunal señaló que, la desvinculación de la compareciente en momentos en que se encontraba con fuero maternal resultó ilegal.

Los descuentos pueden realizarse en cualquier momento, respetando, por cierto, el plazo general de prescripción de cinco años establecido en el artículo 2.515 del Código Civil.

No se advierte inconveniente en que los municipios establezcan en sus ordenanzas que corresponde a los establecimientos colindantes a los bienes nacionales de uso público administrados por las municipalidades, reparar los pavimentos de las aceras.

El ente contralor sostuvo que tanto los certificados acompañados por la recurrente, como los documentos aportados por esa cartera de Estado, no son útiles para acreditar que la recurrente se haya desempeñado en el referido cargo durante todo el período comprendido entre el 1 de noviembre de 1976 y el 30 de junio de 1987.

El ente contralor adujo que el principio de la inexcusabilidad, implica que la Administración del Estado se encuentra obligada a dar respuesta a los requerimientos que se le formulen mediante un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, lo que ocurrió en la especie.

El ente contralor indicó que existe reiterada jurisprudencia administrativa, de este origen, que ha precisado que esta Contraloría General no constituye una instancia de apelación respecto de los pronunciamientos emitidos por sus Oficinas Regionales en relación con los asuntos sometidos al conocimiento de aquellas.

El ente contralor adujo que de los argumentos planteados por el recurrente, no se advierten elementos de hecho o de derecho que permitan modificar el criterio contenido en el dictamen recurrido y que sustente su alegación.

El ente contralor adujo que el principio de la inexcusabilidad, implica que la Administración del Estado se encuentra obligada a dar respuesta a los requerimientos que se le formulen mediante un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, lo que ocurrió en la especie.

Se solicitó dejar sin efecto las órdenes de reintegrar las sumas que recibió por las labores de orientador que habría realizado cuando se desempeñó como secretario de estudios de veterinaria en la Escuela de los Servicios de esa institución castrense.

El ente contralor adujo que procede que el Ejército inicie un procedimiento disciplinario con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas por los pagos improcedentes de remuneraciones.