La Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de la Discapacidad -SENADIS-, consultó sobre la procedencia de que trabajadores de dicho servicio postulen a cargos del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), manteniendo su cargo de planta, en armonía con las modificaciones legales incorporadas a aquél por la ley N° 20.955.

El ente contralor adujo que corresponde admitir la homologación de los internados o prácticas realizados por las personas interesadas dentro de los programas de estudios de medicina impartidos por universidades extranjeras, cuando existen acuerdos entre Chile y otro Estado.

Esto, a propósito de la solicitud de la PDI para que determine si el seguro de vida que su personal está obligado a mantener, debe ser contratado con la Mutualidad de Carabineros -MUTUCAR-, o podría serlo con otra corporación mutualista.

El ente contralor sostuvo que SEREMI deberá revisar la situación planteada y dar una respuesta directa al recurrente, debidamente fundada y detallada, pronunciándose sobre el fondo del asunto.

El ente contralor sostuvo que las horas extraordinarias constituyen una remuneración permanente por su labor, lo que no ocurre en el caso de la especie.

El ente contralor sostuvo que oficio N° 5.038, de 2018, previno que quienes sirven empleos a contrata solo pueden ejercer o subrogar un cargo de jefatura cuando una norma legal así lo autorice.

Solicitada su opinión, Gendarmería de Chile informó que la precitada norma no le resulta aplicable al personal perteneciente a las plantas I y II de esa institución, toda vez que su ejercicio no sería compatible con la naturaleza de la función penitenciaria.

El ente contralor indicó que esto, toda vez que funcionaria se ha desempeñado en calidad de destinada en una unidad penal.

Los solicitantes reclamaban que el Ministerio de Educación no les transfirió la subvención anual de apoyo al mantenimiento de los establecimientos educacionales.

El ente contralor expresó que registrar como transacciones devengadas aquellas que se encuentran en etapas previas de afectación del gasto vulnera el principio de juridicidad.