El decreto indicó que las reglas allí contenidas no obstan a la aplicación del Código Penal y del Código de Justicia Militar, entendiéndose que forman parte de la normativa aplicable.
El ente contralor indicó que dicho título será útil para recibir la asignación en la medida que ese establecimiento de enseñanza superior certifique que tal diploma posee el carácter de profesional y que su plan de enseñanza tiene la extensión señalada por el decreto ley N° 479, de 1974.
El ente contralor adujo que Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas permite, expresamente, que un funcionario ubicado en la lista Nº 1, puede ser agregado en la cuota de alejamientos.
El ente contralor adujo que leyes que pertenecen al Derecho Administrativo -como ocurre con la citada ley N° 21.080-, reciben una aplicación inmediata, es decir, rigen desde su entrada en vigor.
El ente contralor sostuvo esto, pues al momento en que la ley hizo el llamamiento para entrar en el goce del montepío de que se trata, ninguna reunía las condiciones exigidas.
El órgano fiscalizador sostuvo que esto es una cuestión de hecho que compete ponderar a esa entidad, de acuerdo a los criterios ya precisados por la jurisprudencia de este origen.
El solicitante alegaba la calificación en la que fue ubicado en lista N° 3 y, posteriormente, agregado en la nómina anual de retiros.
Esto, a propósito de solicitud de la Secretaría General de Carabineros de Chile, respecto a la facultad de las municipalidades para concesionar la exclusividad del traslado de vehículos retirados de circulación hacia aparcaderos municipales.
Máximo Tribunal señaló que en cumplimiento formal de lo resuelto por la Contraloría Regional de Valparaíso, deberá invalidarse acto con resultado negativo y resolver nuevamente la solicitud de permiso de edificación.
El ente contralor indicó que esto, siempre en el marco del respeto a las disposiciones que regulan la materia.
