El órgano fiscalizador adujo que, en la especie, despido se motivó por causal de «necesidades de la empresa», la que aparece suficientemente motivada, por lo que su desvinculación se ajustó a la normativa que rige la materia.

La recurrente estimó que se vulneró sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 24.

El ente contralor había señalado esto, puesto que sus labores no revisten similar naturaleza a las de reparación, mantención, aseo y seguridad de los establecimientos de enseñanza.

El ente contralor adujo que la determinación de excluirlo del concurso para proveer un cargo de oficial de reclutamiento se ajustó a las bases aprobadas para dicho certamen.

El ente contralor adujo que, mientras no se remita el acta, no es posible establecer si tal decisión se encuentra debidamente fundada.

El ente contralor indicó que no es posible deducir que existe una manifestación de voluntad por parte del funcionario al que se le efectúa la deducción de sus remuneraciones por no oponerse a ello, que permita de manera inequívoca desprender su conformidad con este tipo de descuento.

El ente contralor indicó que diploma de Técnico Universitario en Construcción otorgado por Universidad Técnica Federico Santa María, por el que se consulta, tiene la calidad de profesional y, por ende, es útil para percibir la asignación en comento.

El oficio había ordenado que Hospital Clínico de la Fuerza Aérea debía reincorporar a funcionaria a sus labores y pagarle las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual se vio separada de sus funciones.

La Corte Suprema indicó que, cambiar la función del recurrente a la de Profesional de Apoyo en el Área de Finanzas disminuyendo el grado en la Escala Única de Sueldos asociado a su función, configuró un acto arbitrario.

El ente contralor expresó que cargos públicos deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, sin emplear los medios institucionales para favorecer o perjudicar alguna de las posiciones plebiscitadas.